Escándalo: por presiones de la Iglesia, Provincia dio marcha atrás con la adhesión al protocolo nacional de aborto no punible

octubre 27, 2016 | Provincial

La adhesión al Protocolo fue anunciada por la propia ministra de Salud bonaerense, Zulma Ortiz, hace menos de un mes, pero ahora la gobernadora, María Eugenia Vida, comunicó que la resolución será dejada sin efecto y que continuará vigente la normativa anterior que había sido criticada por la misma cartera sanitaria. Detrás de este cambio de 180 grados está la Iglesia y los funcionarios cercanos a las organizaciones cristianas más conservadoras.

Intentando minimizar un giro de política que es un verdadero escándalo por las contradicciones que evidencia al interior del Gabinete, Vidal salió a aclarar que la provincia declinará su adhesión al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)” establecido por el Ministerio de Salud de la Nación el año pasado.

La mandataria aseguró que la provincia “ya tiene un protocolo” para la instrumentación del aborto no punible que “representa estrictamente” lo fijado por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el mismo ha mostrado serias deficiencias en su cumplimiento y fue criticado por la propia ministra de Salud, Zulma Ortiz, al anunciar la adhesión a la normativa nacional.

Según Ortiz, la aplicación del protocolo nacional “eliminaría las barreras de acceso a esta práctica y regirá bajo las causales de peligro de vida, en resguardo de la salud de la mujer o cuando el embarazo fuese producto de una violación”.

Entre sus aspectos más salientes, el protocolo nacional indica que “por tratarse en general de procedimientos de baja complejidad, la atención de las mujeres que requieren una ILE puede realizarse en el primer nivel de atención y en forma ambulatoria”, es decir, en los centros de atención primaria de la salud (CAPS) que tengan los recursos necesarios.

La normativa volteada en Provincia también defiende el principio de no judicialización de los casos, al referir que “la interrupción debe ser realizada sin necesidad de una autorización judicial. Implica que con la intervención de un médico es suficiente para decidir si el caso se encuadra en las causales permitidas”.

También  restringía la objeción de conciencia de los médicos y establecía que todos los efectores de salud –incluyendo al personal administrativo y el de seguridad– son responsables de garantizar y no obstruir el derecho a la ILE cuando ésta corresponda.

Todas esas modificaciones que fueron destacadas por organismos como Amnistía Internacional Argentina ahora quedarán paralizadas ya que Provincia trabaja en una nueva resolución que dejará sin efecto la anterior.

Según se conoció este escandaloso viraje tiene como impulsores al ministro de Producción, Joaquín de la Torre, y el secretario Legal y Técnico provincial, Julio Conte Grand, que pertenecen  al Opus Dei, organización religiosa que mantiene los principios más conservadores y reaccionarios dentro del catolicismo

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