Provincial
¡Escándalo! Desaprueban gestión anterior en ABSA por dejar una impactante deuda de 1000 millones de pesos
El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, como representante del Gobierno de la Provincia, tenedor mayoritario de las acciones de la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), informa que ha desaprobado mediante un acta formal, el ejercicio correspondiente al año 2019, en el cual la compañía se encontraba presidida por el Sr. Raffaelle Sardella, durante la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal.
El Ministro de Infraestructura, Agustín Simone, arribó a esta determinación una vez culminada la primera etapa de la auditoría que fue realizada durante los primeros 90 días de la nueva gestión en la compañía, y que determinó un sinnúmero de situaciones controversiales e irregularidades, como así también una deuda con proveedores y contratistas superior a los mil millones de pesos.
[textmarker color=»87CBFF»]“En este contexto, no sólo no podemos aprobar un ejercicio en este estado, sino que, además, lo analizaremos en profundidad porque no descartamos presentarnos como querellantes en la Justicia”, afirmó Simone. [/textmarker]
El ministro aseguró que “los municipios del interior tienen colapsadas las redes de agua y de cloacas, y las plantas depuradoras no tienen capacidad de tratamiento. Todos los intendentes coinciden en que en los últimos cuatro años se deterioró mucho el servicio de ABSA. Y encima, dejaron una deuda millonaria”. Además, el funcionario destacó que al asumir su cargo ya había advertido la crisis de la empresa: “ABSA se encuentra en una situación muy difícil, con falta de presupuesto y con una priorización de los gastos muy cuestionable”.
A continuación, se detallan los puntos principales del informe de la auditoría:
– Resulta inexplicable que el Sr. Raffaele Sardella ejerciera la titularidad de ABSA y haya mantenido su puesto jerárquico en el Grupo SOCMA (vinculado al ex Presidente Macri). Se observa una incompatibilidad manifiesta en el desempeño de ambas tareas en simultáneo, al existir un evidente conflicto de intereses.
– La deuda detectada se establece en más de mil millones de pesos con proveedores y contratistas. No se puede registrar aún una cifra definitiva debido a certificados que todavía terceros pueden presentar.
– Esta situación de virtual cesación de pagos obligó a instrumentar medidas urgentes para evitar poner en jaque el funcionamiento básico (compra de cloro, potabilizantes), debido al caos operativo imperante, a partir de un servicio con severas deficiencias en su infraestructura. Fueron los trabajadores los que dieron la cara y sostuvieron con su esfuerzo y dedicación la operatoria .
– La gestión anterior concentró recursos económicos, especialmente, en tres obras: la Construcción de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales Primera Cuenca-Bahía Blanca; la Construcción de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de General Rodríguez; y la Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Donato Gerardi de Punta Lara. Para ello, la empresa invirtió $3.656 millones + IVA.
– Ese dinero se obtuvo a través de un incremento tarifario autorizado por la ex gobernadora a principios de 2016. No obstante, el Decreto 517/02 (de creación de ABSA) señala que: El resultante del cobro de la factura debe destinarse a la operación y al mantenimiento del servicio, mientras que el accionista mayoritario debe encargarse de los aportes para las obras de envergadura. De acuerdo a la norma, se observa que los montos invertidos demuestran el incumplimiento de la misma además de existir un alto grado de irresponsabilidad institucional al descuidar en paralelo, labores esenciales que provocaron el deterioro de la infraestructura y puso en riesgo la salud de la población servida.
– Asimismo, el convenio firmado con la empresa VEOLIA para la “rehabilitación de las instalaciones” de la Planta Potabilizadora Donato Gerardi de Punta Lara, puede considerarse otro incumplimiento del marco regulatorio, ya que se trató de un subcontrato donde esa compañía le cobraba a ABSA el agua que potabilizaba. El mismo tuvo vigencia desde inicios de 2017 a fines de 2019, pero aún rige un periodo de garantía que vence el 31 de mayo próximo.
– Se tomó la decisión de desvincular -con justa causa- a quien fuera el Director de Ingeniería, Producción, Obras y Mantenimiento de la gestión anterior, Sr. Alfredo Hatfield. El citado ejercía el cargo sin siquiera contar con título profesional, le provocó enormes pérdidas a la empresa bajo su responsabilidad, debido a su falta de idoneidad, serias fallas en el diseño de los proyectos, la falta de inspección e inexplicables decisiones. Esto se fundamenta en la obra del Acueducto Norte, que debía llevar agua a Villa Castells y Gonnet, y acumula 80 roturas a un año de su inauguración. De acuerdo a la actualización de montos observados de pagos realizados a la UTE CONINSA-CAROLEO, sumado a la compra de materiales por parte de ABSA, se estima que la inversión global actualizada fue de 250 millones de pesos. Además, la Planta de Ósmosis Inversa de Pehuajó fue contratada antes de conocerse la calidad de agua existente a tratar. Los valores resultaron mucho peores de los previstos, lo que provocó que su producción sea mínima, lejos de lo estipulado e imposible de justificar su inversión. Aún no se puede precisar el monto final. Y, por último, la Usina “Bosque”, que bombea agua al casco urbano de La Plata, tuvo seis cortes en el primer trimestre del año. Funcionaba a menos del 50% de su capacidad con el abastecimiento seriamente comprometido y al borde de una crisis sanitaria.
Exorbitantes gastos sin justificación:
-Un alquiler por 40 millones de pesos anuales del edificio central de la empresa; la inversión que aún no se pudo precisar en cifras del equipamiento de ese edificio
-El alquiler de una oficina en Esmeralda y Paraguay (CABA) por $556.380, de uso exclusivo del ex presidente (más la compra de un mobiliario en el que aún no se pudo precisar la cifra)
-La adquisición en moneda extranjera de muebles (marca Herman Miller) para el sector de Presidencia por 12.555 dólares
-También en moneda extranjera fue la adquisición de un sistema informático con obligaciones futuras de cargos en dólares por mantenimiento y licencias (aún no se puedo establecer el monto total de la operación); y la compra de los siguientes vehículos para uso de Presidencia: una Camioneta TOYOTA SW4 4×4 SRX 2.8 TDI 6A/T Modelo 2016, a Kansai Concesionario Toyota, en $3.251.200.-; una Camioneta AMAROK 2.0 TDI 180 CV 4×4 HIGHLINE Modelo 2016, a la concesionaria Dietrich, en $1.864.004.-; y tres Camionetas Chery Tiggo 2.0 CONFORT, compradas a CHERY SOCMA, en $550.000 cada una, total $1.650.000.-
Provincial
Wálter Abarca: “No me parece una locura la creación de una cuasimoneda como fue el Patacón”
El diputado provincial Wálter Abarca deja su banca después de 12 años. Durante sus tres mandatos intentó propiciar discusiones estructurales sobre la organización y el funcionamiento de la provincia de Buenos Aires que condensó en un proyecto de reforma de la Constitución provincial. La coparticipación como nudo gordiano para la vialidad de la provincia.
«En 1988, mi coterráneo el radical Alejandro Armendáriz cedió 8 puntos de coparticipación. A partir de allí, la provincia viene sufriendo un déficit estructural que ha ido intentando paliar a través de distintos fondos y aportes de la Nación», explicó Abarca.
El diputado saliente recordó que en 1992 Eduardo Duhalde logró la creación del Fondo del Conurbano que disponía para la provincia de Buenos Aires el 10% de lo recaudado por el Impuesto a las Ganancias, permitiendo alcanzar el superávit fiscal. Sin embargo, tres años después se le puso un tope de 650 millones de pesos que con el correr de los años quedó totalmente desactualizado.
«En 2016, la provincia solicitó la eliminación de ese tope. Yo presenté un proyecto solicitando que se derogara esa ley porque con ese fondo se podía resolver el déficit estructural de más de 30 mil millones de pesos», recordó Abarca.
Y mencionó: «En 2018, luego de una presentación de la gobernadora Vidal, hubo un pacto fiscal en el que la provincia recuperó parte del Fondo del Conurbano pero cedió al gobierno nacional el Fondo Sojero y el subsidio al transporte, con lo cual terminamos empatados en la balanza».
Durante el gobierno de Alberto Fernández hubo una recomposición financiera del 1% en detrimento de CABA que fue a la provincia para un fondo de seguridad. Junto al pacto fiscal del 2018 la provincia alcanzó el 22%.
Además, Abarca señaló que, a través de recursos extraordinarios, en 2022 el gobierno bonaerense «recibió de Nación más recursos extraordinarios que los 10 puntos que implicaban el Fondo del Conurbano originalmente».
Para el dirigente peronista de Saladillo, la solución definitiva del déficit estructural provincial demandaría una reforma de la Ley de Coparticipación pero explicó que resulta «muy difícil de modificar porque debe haber acuerdo en todas las provincias en ceder recursos».
«Ningún presidente puede cambiar la Ley de Coparticipación porque debe sancionarlo el Congreso y luego aprobarlo las 24 legislaturas provinciales. La única forma de salir por arriba es modificar la constitución, algo que yo creo que se debe rediscutir», consideró Wálter Abarca.
El «Plan Motosierra» y las consecuencias para la provincia de Buenos Aires
Walter Abarca consideró que si Milei decide avanzar con un corte total de los fondos discrecionales que Buenos Aires viene recibiendo a través de distintos mecanismos, «la provincia tendría un déficit muy importante», y estimó que «rondaría casi el billón de pesos».
«En ese caso debería haber un planteo político de toda la provincia de Buenos Aires. Seguramente toda la política bonaerense estará reclamando porque esos fondos nos corresponden», consideró el legislador saliente.
«No me parece alocado la creación de una cuasimoneda»
Sobre la posibilidad de que el gobierno bonaerense emita una moneda propia, Abarca opinó: «No me parece alocado la creación de una cuasimoneda como sucedió con el Patacón. Habrá que tener consensos internos porque se requiere la aprobación de la Legislatura».
En ese sentido, consideró que esta medida significaría «un planteo político manifestando que independizamos la economía bonaerense que representa el 40% del PBI nacional».
De todos modos, estimó que seguramente «no llegaremos a ese extremo», y señaló: «La provincia deberá volver a hacer reclamos ante la Corte Suprema de Justicia porque en la última reforma constitucional del 94 una de las mandas era que se debía sancionar una nueva ley de coparticipación».
Asimismo, apuntó que la provincia deberá «dar una discusión interna en cuanto a los manejos de los recursos y la coparticipación interna para que todos los sectores políticos acompañen el planteo».
Por otra parte, Abarca aseguró que la provincia podría apelar a «la creación de nuevos tributos que tienen que ver con su producción como el tema del refinamiento del petróleo y que Axel señaló al manifestar que somos una provincia petrolera».
Provincial
Magario despidió a los legisladores que dejan su mandato, revalorizando la democracia y pidiendo por la educación pública
