¡Escándalo! Desaprueban gestión anterior en ABSA por dejar una impactante deuda de 1000 millones de pesos

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, como representante del Gobierno de la Provincia, tenedor mayoritario de las acciones de la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), informa que ha desaprobado mediante un acta formal, el ejercicio correspondiente al año 2019, en el cual la compañía se encontraba presidida por el Sr. Raffaelle Sardella, durante la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

El Ministro de Infraestructura, Agustín Simone, arribó a esta determinación una vez culminada la primera etapa de la auditoría que fue realizada durante los primeros 90 días de la nueva gestión en la compañía, y que determinó un sinnúmero de situaciones controversiales e irregularidades, como así también una deuda con proveedores y contratistas superior a los mil millones de pesos.

“En este contexto, no sólo no podemos aprobar un ejercicio en este estado, sino que, además, lo analizaremos en profundidad porque no descartamos presentarnos como querellantes en la Justicia”, afirmó Simone.

El ministro aseguró que “los municipios del interior tienen colapsadas las redes de agua y de cloacas, y las plantas depuradoras no tienen capacidad de tratamiento. Todos los intendentes coinciden en que en los últimos cuatro años se deterioró mucho el servicio de ABSA. Y encima, dejaron una deuda millonaria”. Además, el funcionario destacó que al asumir su cargo ya había advertido la crisis de la empresa: “ABSA se encuentra en una situación muy difícil, con falta de presupuesto y con una priorización de los gastos muy cuestionable”.

A continuación, se detallan los puntos principales del informe de la auditoría:

– Resulta inexplicable que el Sr. Raffaele Sardella ejerciera la titularidad de ABSA y haya mantenido su puesto jerárquico en el Grupo SOCMA (vinculado al ex Presidente Macri). Se observa una incompatibilidad manifiesta en el desempeño de ambas tareas en simultáneo, al existir un evidente conflicto de intereses.

– La deuda detectada se establece en más de mil millones de pesos con proveedores y contratistas. No se puede registrar aún una cifra definitiva debido a certificados que todavía terceros pueden presentar.

Esta situación de virtual cesación de pagos obligó a instrumentar medidas urgentes para evitar poner en jaque el funcionamiento básico (compra de cloro, potabilizantes), debido al caos operativo imperante, a partir de un servicio con severas deficiencias en su infraestructura. Fueron los trabajadores los que dieron la cara y sostuvieron con su esfuerzo y dedicación la operatoria .

La gestión anterior concentró recursos económicos, especialmente, en tres obras: la Construcción de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales Primera Cuenca-Bahía Blanca; la Construcción de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de General Rodríguez; y la Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Donato Gerardi de Punta Lara. Para ello, la empresa invirtió $3.656 millones + IVA.

Ese dinero se obtuvo a través de un incremento tarifario autorizado por la ex gobernadora a principios de 2016. No obstante, el Decreto 517/02 (de creación de ABSA) señala que: El resultante del cobro de la factura debe destinarse a la operación y al mantenimiento del servicio, mientras que el accionista mayoritario debe encargarse de los aportes para las obras de envergadura. De acuerdo a la norma, se observa que los montos invertidos demuestran el incumplimiento de la misma además de existir un alto grado de irresponsabilidad institucional al descuidar en paralelo, labores esenciales que provocaron el deterioro de la infraestructura y puso en riesgo la salud de la población servida.

Asimismo, el convenio firmado con la empresa VEOLIA para la “rehabilitación de las instalaciones” de la Planta Potabilizadora Donato Gerardi de Punta Lara, puede considerarse otro incumplimiento del marco regulatorio, ya que se trató de un subcontrato donde esa compañía le cobraba a ABSA el agua que potabilizaba. El mismo tuvo vigencia desde inicios de 2017 a fines de 2019, pero aún rige un periodo de garantía que vence el 31 de mayo próximo.

– Se tomó la decisión de desvincular -con justa causa- a quien fuera el Director de Ingeniería, Producción, Obras y Mantenimiento de la gestión anterior, Sr. Alfredo Hatfield. El citado ejercía el cargo sin siquiera contar con título profesional, le provocó enormes pérdidas a la empresa bajo su responsabilidad, debido a su falta de idoneidad, serias fallas en el diseño de los proyectos, la falta de inspección e inexplicables decisiones. Esto se fundamenta en la obra del Acueducto Norte, que debía llevar agua a Villa Castells y Gonnet, y acumula 80 roturas a un año de su inauguración. De acuerdo a la actualización de montos observados de pagos realizados a la UTE CONINSA-CAROLEO, sumado a la compra de materiales por parte de ABSA, se estima que la inversión global actualizada fue de 250 millones de pesos. Además, la Planta de Ósmosis Inversa de Pehuajó fue contratada antes de conocerse la calidad de agua existente a tratar. Los valores resultaron mucho peores de los previstos, lo que provocó que su producción sea mínima, lejos de lo estipulado e imposible de justificar su inversión. Aún no se puede precisar el monto final. Y, por último, la Usina “Bosque”, que bombea agua al casco urbano de La Plata, tuvo seis cortes en el primer trimestre del año. Funcionaba a menos del 50% de su capacidad con el abastecimiento seriamente comprometido y al borde de una crisis sanitaria.

Exorbitantes gastos sin justificación:

-Un alquiler por 40 millones de pesos anuales del edificio central de la empresa; la inversión que aún no se pudo precisar en cifras del equipamiento de ese edificio

-El alquiler de una oficina en Esmeralda y Paraguay (CABA) por $556.380, de uso exclusivo del ex presidente (más la compra de un mobiliario en el que aún no se pudo precisar la cifra)

-La adquisición en moneda extranjera de muebles (marca Herman Miller) para el sector de Presidencia por 12.555 dólares

-También en moneda extranjera fue la adquisición de un sistema informático con obligaciones futuras de cargos en dólares por mantenimiento y licencias (aún no se puedo establecer el monto total de la operación); y la compra de los siguientes vehículos para uso de Presidencia: una Camioneta TOYOTA SW4 4×4 SRX 2.8 TDI 6A/T Modelo 2016, a Kansai Concesionario Toyota, en $3.251.200.-; una Camioneta AMAROK 2.0 TDI 180 CV 4×4 HIGHLINE Modelo 2016, a la concesionaria Dietrich, en $1.864.004.-; y tres Camionetas Chery Tiggo 2.0 CONFORT, compradas a CHERY SOCMA, en $550.000 cada una, total $1.650.000.-

 

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