Gremios
En un fallo histórico, embargaron cuentas a Lácteos Vidal para pagarle a los trabajadores despedidos
El juez laboral José Ignacio Ramonet embargó cuentas bancarias de Lácteos Vidal para abonar una compensación a los trabajadores despedidos en forma ilegal por ejercer su derecho a huelga. La empresa sigue negándose a acatar el fallo que la obliga la reincorporación.
A fines de febrero, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó el fallo dictado por el juez en primera instancia que ordenaba reincorporar a los 29 trabajadores despedidos por Lácteos Vidal. Como la familia Bada Vázquez se niega a cumplir el fallo, la justicia estableció el pago de astreintes, una sanción que sirve para hacer cumplir las decisiones judiciales y ahora embargó sus cuentas.
En diálogo con Todo Provincial, el secretario Gremial de ATILRA, Heber Ríos, aseguró: «El fallo ya era definitivo pero la empresa hizo una serie de presentaciones para dilatar la situación. El juez les advirtió que pagara los astreintes y sino procedería a embargarles la cuentas para avanzar con el pago a los 29 trabajadores».
Las astreintes son sanciones económicas que tienen como finalidad la de hacer efectivas las decisiones judiciales frente a la renuencia injustificada de sus destinatarios mediante una condena dineraria. En el caso de Lácteos Vidal, el juez Ramonet estableció una multa de 10 mil pesos por día por trabajador despedido hasta que se concrete la reincorporación. Ese dinero será abonado a los empleados, directos afectados.
«El juez ordenó que cesen con las presentaciones y cumplan con el fallo. Ellos fijaron posición que no van a cumplir con el pago de los astreintes y por lo tanto avanzó con el embargo«, detalló Ríos.
Aunque Láctos Vidal se presenta como una pequeña Pyme láctea de Moctezuma, partido de Carlos Casares, sus propietarios, la familia Bada Vázquez, tiene más 50 mil hectáreas de campo y una cartera diversificada de negocios que van desde los alimentos hasta la minería.
El dirigente sindical de ATILRA aseguró que este fallo judicial es «histórico» porque si bien los astreintes están contemplados en la ley «hasta ahora nunca se habían utilizado en un conflicto laboral».
Los 29 despedidos de Lácteos Vidal pudieron mantener su lucha gracias a la solidaridad de los trabajadores lecheros afiliados ATILRA que aportaron a un fondo de huelga. Ahora comenzarán a cobrar 300 mil pesos por mes hasta que los reicorporen. Ese monto será indexado en base a la inflación.
«No estamos conformes porque la empresa debería cumplir con el fallo judicial pero para los trabajadores es un poco de oxígeno», expresó Héber Ríos y destacó: «Es un fallo absolutamente justo porque las pruebas son muy contundentes. La razón la tienen los trabajadores que hicieron todo como correspondía y la empresa los debe reincorporar».
La justicia ya avanzó con un embargo cercano a los 5 millones de pesos para una primera liquidación a los trabajadores que tuvo en cuenta el período que va desde el 18 hasta el 31 de mayo.
A pesar de los sucesivos reveses judiciales, la empresa sigue diciendo que no cumplirá con el fallo de la justicia. «Ya hicimos una presentación para cobrar todo lo anterior», precisó Héber Ríos.
Y adelantó: «Es una tranquilidad para los trabajadores pero queremos lograr el objetivo de la reincorporación. Nosotros le planteamos al juez que esto no puede ser para siempre y planteamos una posición diciendo que si en 3 meses continúa el incumplimiento se les embarguen todas las cuentas. Eso sería un punto de inflexión«.
El inicio del conflicto en Lácteos Vidal
El conflicto inició en 2018 cuando los trabajadores de Lácteos Vidal reclamaron el pago correcto de presentismo, cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y la recategorización de trabajadores mal encuadrados en el marco de un convenio colectivo diferenciado y a la baja.
El año pasado hicieron un primer paro y el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Vencida la misma, los trabajadores regresaron a las medidas de fuerza con el apoyo de la plana mayor de ATILRA.
Como la patronal no realizó ni una sola propuesta tendiente a cumplir las leyes laborales y el Convenio Colectivo de Trabajo 2/88, que rige para los trabajadores y las trabajadoras de la Industria Lechera, en agosto iniciaron un paro por tiempo indeterminado.
La familia Bada Vázquez junto al Movimiento Empresarial Antibloqueos (MEAB) denunció que el sindicato bloqueaba la planta y los extorsionaba. Sin embargo, la justicia, en distintas instancias, determinó que el supuesto bloqueo no existió y que los trabajadores ejercieron en forma lícita el derecho a huelga.
En septiembre del año pasado, la empresa lactea despidió a los 29 trabajadores de paro y contrato personal nuevo fuera de convenio con el que sigue produciendo, a pesar de que el fallo judicial lo prohibía explicitamente.
«Está todo corroborado y es un caso fácil para la justicia porque hay un convenio que no se cumplía. Sin embargo, en este caso hay un trasfondo político y se juegan otras cuestiones. La empresa tiene la presión del arco político de la derecha para no ceder pero se están metiendo en un terreno en el parece que quedarán pedaleando», consideró el secretario Gremial de ATILRA.
Sobre el futuro de este conflicto, el dirigente opinó: «Tenemos muy claro que si las elecciones las gana Patricia Bullrich encontrarán la manera de dar vuelta todo. Por eso no cantamos triunfo y sabemos que todo esto se juega en octubre».
La IGJ rechazó la inscripción al Movimiento Empresarial Antibloqueos
Días atrás, la Inspección General de Justicia (IGJ) rechazó la inscripción del Movimiento Empresarial Antibloqueos (MEAB) como una asociación civil empresarial porque entre sus objetivos figuran medidas contra “bloqueos sindicales extorsivos”.
La IGJ consideró que sus propósitos “no se ajustan a los estándares de bien común o interés general que requieren las asociaciones civiles” y “se contraponen con el ejercicio de derechos colectivos de los trabajadores”.
Este movimiento que tiene como cara visible a Floriencia Arietto se constituyó como un espacio para nuclear a empresarios y abogados penalistas que denuncian las huelgas como bloqueos y organizan estrategias para dilatar, cuando no obstaculizar, conflictos sindicales.
Desde su conformación, el MEAB ha apuntalado la redefinición de la huelga como bloqueo, catalogando a las organizaciones sindicales de mafias e intentando por todos los medios convertir causas laborales en penales.
