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En un fallo histórico, embargaron cuentas a Lácteos Vidal para pagarle a los trabajadores despedidos

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Lácteos Vidal

El juez laboral José Ignacio Ramonet embargó cuentas bancarias de Lácteos Vidal para abonar una compensación a los trabajadores despedidos en forma ilegal por ejercer su derecho a huelga. La empresa sigue negándose a acatar el fallo que la obliga la reincorporación.

A fines de febrero, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó el fallo dictado por el juez en primera instancia que ordenaba reincorporar a los 29 trabajadores despedidos por Lácteos Vidal. Como la familia Bada Vázquez se niega a cumplir el fallo, la justicia estableció el pago de astreintes, una sanción que sirve para hacer cumplir las decisiones judiciales y ahora embargó sus cuentas.

En diálogo con Todo Provincial, el secretario Gremial de ATILRA, Heber Ríos, aseguró: «El fallo ya era definitivo pero la empresa hizo una serie de presentaciones para dilatar la situación. El juez les advirtió que pagara los astreintes y sino procedería a embargarles la cuentas para avanzar con el pago a los 29 trabajadores».

Las astreintes son sanciones económicas que tienen como finalidad la de hacer efectivas las decisiones judiciales frente a la renuencia injustificada de sus destinatarios mediante una condena dineraria. En el caso de Lácteos Vidal, el juez Ramonet estableció una multa de 10 mil pesos por día por trabajador despedido hasta que se concrete la reincorporación. Ese dinero será abonado a los empleados, directos afectados.

«El juez ordenó que cesen con las presentaciones y cumplan con el fallo. Ellos fijaron posición que no van a cumplir con el pago de los astreintes y por lo tanto avanzó con el embargo«, detalló Ríos.

Aunque Láctos Vidal se presenta como una pequeña Pyme láctea de Moctezuma, partido de Carlos Casares, sus propietarios, la familia Bada Vázquez, tiene más 50 mil hectáreas de campo y una cartera diversificada de negocios que van desde los alimentos hasta la minería.

El dirigente sindical de ATILRA aseguró que este fallo judicial es «histórico» porque si bien los astreintes están contemplados en la ley «hasta ahora nunca se habían utilizado en un conflicto laboral».

Los 29 despedidos de Lácteos Vidal pudieron mantener su lucha gracias a la solidaridad de los trabajadores lecheros afiliados ATILRA que aportaron a un fondo de huelga. Ahora comenzarán a cobrar 300 mil pesos por mes hasta que los reicorporen. Ese monto será indexado en base a la inflación.

«No estamos conformes porque la empresa debería cumplir con el fallo judicial pero para los trabajadores es un poco de oxígeno», expresó Héber Ríos y destacó: «Es un fallo absolutamente justo porque las pruebas son muy contundentes. La razón la tienen los trabajadores que hicieron todo como correspondía y la empresa los debe reincorporar».

La justicia ya avanzó con un embargo cercano a los 5 millones de pesos para una primera liquidación a los trabajadores que tuvo en cuenta el período que va desde el 18 hasta el 31 de mayo.

A pesar de los sucesivos reveses judiciales, la empresa sigue diciendo que no cumplirá con el fallo de la justicia. «Ya hicimos una presentación para cobrar todo lo anterior», precisó Héber Ríos.

Y adelantó: «Es una tranquilidad para los trabajadores pero queremos lograr el objetivo de la reincorporación. Nosotros le planteamos al juez que esto no puede ser para siempre y planteamos una posición diciendo que si en 3 meses continúa el incumplimiento se les embarguen todas las cuentas. Eso sería un punto de inflexión«.

El inicio del conflicto en Lácteos Vidal

El conflicto inició en 2018 cuando los trabajadores de Lácteos Vidal reclamaron el pago correcto de presentismo, cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y la recategorización de trabajadores mal encuadrados en el marco de un convenio colectivo diferenciado y a la baja.

El año pasado hicieron un primer paro y el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Vencida la misma, los trabajadores regresaron a las medidas de fuerza con el apoyo de la plana mayor de ATILRA.

Como la patronal no realizó ni una sola propuesta tendiente a cumplir las leyes laborales y el Convenio Colectivo de Trabajo 2/88, que rige para los trabajadores y las trabajadoras de la Industria Lechera, en agosto iniciaron un paro por tiempo indeterminado.

La familia Bada Vázquez junto al Movimiento Empresarial Antibloqueos (MEAB) denunció que el sindicato bloqueaba la planta y los extorsionaba. Sin embargo, la justicia, en distintas instancias, determinó que el supuesto bloqueo no existió y que los trabajadores ejercieron en forma lícita el derecho a huelga.

En septiembre del año pasado, la empresa lactea despidió a los 29 trabajadores de paro y contrato personal nuevo fuera de convenio con el que sigue produciendo, a pesar de que el fallo judicial lo prohibía explicitamente.

«Está todo corroborado y es un caso fácil para la justicia porque hay un convenio que no se cumplía. Sin embargo, en este caso hay un trasfondo político y se juegan otras cuestiones. La empresa tiene la presión del arco político de la derecha para no ceder pero se están metiendo en un terreno en el parece que quedarán pedaleando», consideró el secretario Gremial de ATILRA.

Sobre el futuro de este conflicto, el dirigente opinó: «Tenemos muy claro que si las elecciones las gana Patricia Bullrich encontrarán la manera de dar vuelta todo. Por eso no cantamos triunfo y sabemos que todo esto se juega en octubre».

 

La IGJ rechazó la inscripción al Movimiento Empresarial Antibloqueos

Días atrás, la Inspección General de Justicia (IGJ) rechazó la inscripción del Movimiento Empresarial Antibloqueos (MEAB) como una asociación civil empresarial porque entre sus objetivos figuran medidas contra “bloqueos sindicales extorsivos”.

La IGJ consideró que sus propósitos “no se ajustan a los estándares de bien común o interés general que requieren las asociaciones civiles” y “se contraponen con el ejercicio de derechos colectivos de los trabajadores”.

Este movimiento que tiene como cara visible a Floriencia Arietto se constituyó como un espacio para nuclear a empresarios y abogados penalistas que denuncian las huelgas como bloqueos y organizan estrategias para dilatar, cuando no obstaculizar, conflictos sindicales.

Desde su conformación, el MEAB ha apuntalado la redefinición de la huelga como bloqueo, catalogando a las organizaciones sindicales de mafias e intentando por todos los medios convertir causas laborales en penales.

 

 

 

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Molinos Río de la Plata anuncia despidos masivos y rebajas salariales

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despidos molinos río de la plata

La Comisión Interna de Molinos Río de la Plata, en la planta ubicada en Esteban Echeverría, denunció el inicio de un plan de despidos masivos y reducción salarial que calificaron como ilegal y peligroso para la salud de los trabajadores. Según advirtieron, la empresa pretende mantener los niveles de producción con menos personal, lo que pondría en riesgo tanto la seguridad operativa como los derechos laborales básicos.

Quieren producir lo mismo con menos gente y eso lo pagaremos con hambre de las familias de los operarios despedidos y con la salud de quienes sigan trabajando. No lo vamos a permitir”, expresó Luciano Greco, delegado de la comisión interna, al rechazar el ajuste patronal.

En asambleas, los trabajadores decidieron rechazar la extorsión empresarial y mantenerse firmes en defensa de los 200 puestos de trabajo que actualmente sostienen la planta.

Greco también cuestionó el «doble discurso» de la empresa, que pese a pertenecer a la familia Pérez Companc, una de las más ricas del país según la revista Forbes, avanza con medidas que afectan a quienes producen su riqueza.

Desde el sindicato STIA – Filial Buenos Aires acompañan el reclamo de la comisión interna, y aseguran que el hostigamiento comenzó el pasado 9 de mayo, cuando representantes de la empresa iniciaron reuniones con pequeños grupos de operarios para advertirles que, por la supuesta “caída de ventas”, se ven obligados a reducir personal y quitar adicionales salariales de convenio.

El conflicto se da en un marco general de ajuste y flexibilización laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei, lo que, según denunciaron, está siendo aprovechado por Molinos para evadir responsabilidades ante la ART, no denunciar accidentes laborales y desconocer licencias por enfermedad.

Pese al pedido formal para que se garantice la estabilidad del plantel, el pasado miércoles 21 la empresa ratificó la decisión de avanzar con los despidos y con la eliminación unilateral de derechos laborales.

No estamos dispuestos a poner en riesgo las necesidades de nuestras familias”, afirmaron los trabajadores, que se declararon en estado de alerta y movilización.

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Este jueves no habrá paro docente pero una medida de auxiliares afecta el dictado de clases

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Este jueves 22 de mayo, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores realizarán una Jornada Nacional de Lucha. Suteba adhirió a la medida «con cese de actividades» pero desde el gremio docente aclararon no se trata de un paro sino de un permiso especial para acudir a la protesta en forma presencial para quienes quieran participar. El resto de los maestros deberán dar clases. Sin embargo, algunos auxiliares de la educación no asistirán por lo que habrá turnos en escuelas bonaeses.

La Jornada Nacional de Lucha a CTA incluye una movilización al Ministerio de Economía de la Nación en repudio al «brutal ajuste que lleva adelante el Gobierno Nacional». Sólo los docentes que participen de la marcha podrán justificar su ausencia.

«La profundización de la crisis social que están sufriendo lxs Trabajadorxs, los sectores populares en la Argentina. Con un millón y medio de desocupadxs; dos millones ochocientos mil subocupadxs, es decir gente con trabajos de supervivencia; una pérdida de 180 mil empleos en el sector registrado; una caída del salario del 10% en el sector privado; el público perdió el 15% y lxs Jubiladxs y quienes cobran el salario mínimo un 30%. La motosierra sigue apropiándose de los recursos de las provincias», denunció el secretario General de la CTA-T, Hugo Yasky.

Y agregó: «Frente a esto vamos a marchar el día 22 y lo vamos a hacer con una sola bandera: queremos recuperar un nivel de vida digno para lxs que trabajan y para lxs Jubiladxs».

Desde el SUTEBA aclararon que la Jornada Nacional de Lucha no implica un paro docente y que únicamente los docentes que participen de la movilización tendrán su ausencia justificada.

Sin embargo, algunas escuelas bonaerenses verán afectado el normal dictado de clases por el Paro Nacional de ATE ya que muchos trabajadores auxiliares adherirán a la medida.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó el recientemente publicado Decreto 340/25 que limita el derecho a huelga ampliando los servicios que se consideran esenciales. “Este es un decreto que le pidieron a Milei las multinacionales y los empresarios millonarios”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato.

Y alertó: “El Gobierno está apurado y quiere liquidarnos antes que se le terminen las facultades extraordinarias. Sin el derecho de huelga estamos condenados a volver a la esclavitud».  

La norma modifica el artículo 24 de la Ley 25.877, ampliando los servicios considerados “esenciales”. Aquellos que estén contemplados en esta categoría deberán garantizar un 75% de la prestación durante las huelgas, dejando así sin efecto las medidas de fuerza.

También crea la figura del “servicio de importancia trascendental” al que le impone la obligación de mantener un mínimo del 50% de la prestación. Sin embargo, es sumamente abierto el criterio por lo que cualquier rama podrá considerarse esencial o trascendental. Entre los criterios, por ejemplo, se inscribe la “la interrupción o suspensión de la producción que pudiere (…) afectar metas de recaudación asociadas a las políticas de equilibrio fiscal”.

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El jueves habrá un Paro Nacional de Estatales y afectará las clases en Provincia

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jueves paro docente

El próximo jueves 22 de mayo, las escuelas y universidades de todo el país estarán atravesadas por una nueva jornada nacional de lucha, con movilización. La medida fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) junto a las centrales CTA-T y CTA-A, y en la provincia de Buenos Aires cuenta con la adhesión de SUTEBA, aunque no incluye un paro docente.

Los gremios denuncian un «ajuste salvaje» al sistema educativo, tras la decisión del Ministerio de Capital Humano de fijar unilateralmente un techo paritario y eliminar fondos fundamentales como el FONID.

¡Siempre en defensa de los derechos de lxs Trabajadorxs de la Educación!”, expresó Suteba en un comunicado, tras validar su participación en el paro con un “masivo mandato de las bases” surgido de asambleas distritales.

Aunque no incluirá un paro docente, muchas escuelas verán afectado el dictado de clases porque auxiliares de la educación adherirán al paro nacional de ATE.

Paro Nacional de Estatales: los reclamos

  • – Convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.
  • – Urgente Aumento Salarial.
  • – Restitución del FONID.
  • – Aumento y ejecución plena del Presupuesto Educativo.
  • – Fondo Compensador de Desigualdades Salariales para las provincias.
  • – Reactivación de las obras de infraestructura escolar paralizadas en todo el país.
  • – Implementación de un Plan Nacional de Formación Docente.
  • – Financiamiento para Comedores Escolares, Becas Progresar, entrega de libros y netbooks.
  • – Transferencia inmediata de recursos nacionales a las provincias para la continuidad de los Programas Educativos.
  • – Aumento de Emergencia para lxs Jubiladxs.
  • – Repudio a la represión que sufren lxs Jubiladxs cada miércoles frente al Congreso de la Nación.

La falta de respuesta oficial profundizó el malestar. Desde Ctera señalaron que el secretario de Educación, Carlos Torrendell, ni siquiera respondió a una carta documento enviada semanas atrás.

Universidades en pie de lucha

Los gremios docentes universitarios no se quedan atrás. Feduba, que nuclea a los docentes de la UBA, marchará junto a Ctera este jueves 22. La medida se suma a un paro nacional universitario convocado para el lunes 19 y martes 20, que afectará el dictado de clases en todas las casas de altos estudios del país.

Los reclamos universitarios incluyen:

  • Recomposición salarial
  • Cumplimiento de convenios colectivos
  • Más presupuesto para ciencia y tecnología
  • Ley de financiamiento universitario

Desde CONADU Histórica lanzaron una campaña bajo el lema “salariazo”, con recibos de sueldo que evidencian el deterioro del ingreso docente frente a la inflación. Denunciaron que un jefe de trabajos prácticos con siete años de antigüedad y dedicación simple gana $255.000, mientras la canasta básica de abril fue de $359.244, según el INDEC.

La falta de diálogo por parte del gobierno nacional anticipa una escalada en el conflicto docente, en un escenario atravesado por la pérdida del poder adquisitivo, el desfinanciamiento educativo y una profunda disputa por el rumbo del sistema público de enseñanza.

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