Gremios
En un fallo histórico, embargaron cuentas a Lácteos Vidal para pagarle a los trabajadores despedidos
El juez laboral José Ignacio Ramonet embargó cuentas bancarias de Lácteos Vidal para abonar una compensación a los trabajadores despedidos en forma ilegal por ejercer su derecho a huelga. La empresa sigue negándose a acatar el fallo que la obliga la reincorporación.
A fines de febrero, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó el fallo dictado por el juez en primera instancia que ordenaba reincorporar a los 29 trabajadores despedidos por Lácteos Vidal. Como la familia Bada Vázquez se niega a cumplir el fallo, la justicia estableció el pago de astreintes, una sanción que sirve para hacer cumplir las decisiones judiciales y ahora embargó sus cuentas.
En diálogo con Todo Provincial, el secretario Gremial de ATILRA, Heber Ríos, aseguró: «El fallo ya era definitivo pero la empresa hizo una serie de presentaciones para dilatar la situación. El juez les advirtió que pagara los astreintes y sino procedería a embargarles la cuentas para avanzar con el pago a los 29 trabajadores».
Las astreintes son sanciones económicas que tienen como finalidad la de hacer efectivas las decisiones judiciales frente a la renuencia injustificada de sus destinatarios mediante una condena dineraria. En el caso de Lácteos Vidal, el juez Ramonet estableció una multa de 10 mil pesos por día por trabajador despedido hasta que se concrete la reincorporación. Ese dinero será abonado a los empleados, directos afectados.
«El juez ordenó que cesen con las presentaciones y cumplan con el fallo. Ellos fijaron posición que no van a cumplir con el pago de los astreintes y por lo tanto avanzó con el embargo«, detalló Ríos.
Aunque Láctos Vidal se presenta como una pequeña Pyme láctea de Moctezuma, partido de Carlos Casares, sus propietarios, la familia Bada Vázquez, tiene más 50 mil hectáreas de campo y una cartera diversificada de negocios que van desde los alimentos hasta la minería.
El dirigente sindical de ATILRA aseguró que este fallo judicial es «histórico» porque si bien los astreintes están contemplados en la ley «hasta ahora nunca se habían utilizado en un conflicto laboral».
Los 29 despedidos de Lácteos Vidal pudieron mantener su lucha gracias a la solidaridad de los trabajadores lecheros afiliados ATILRA que aportaron a un fondo de huelga. Ahora comenzarán a cobrar 300 mil pesos por mes hasta que los reicorporen. Ese monto será indexado en base a la inflación.
«No estamos conformes porque la empresa debería cumplir con el fallo judicial pero para los trabajadores es un poco de oxígeno», expresó Héber Ríos y destacó: «Es un fallo absolutamente justo porque las pruebas son muy contundentes. La razón la tienen los trabajadores que hicieron todo como correspondía y la empresa los debe reincorporar».
La justicia ya avanzó con un embargo cercano a los 5 millones de pesos para una primera liquidación a los trabajadores que tuvo en cuenta el período que va desde el 18 hasta el 31 de mayo.
A pesar de los sucesivos reveses judiciales, la empresa sigue diciendo que no cumplirá con el fallo de la justicia. «Ya hicimos una presentación para cobrar todo lo anterior», precisó Héber Ríos.
Y adelantó: «Es una tranquilidad para los trabajadores pero queremos lograr el objetivo de la reincorporación. Nosotros le planteamos al juez que esto no puede ser para siempre y planteamos una posición diciendo que si en 3 meses continúa el incumplimiento se les embarguen todas las cuentas. Eso sería un punto de inflexión«.
El inicio del conflicto en Lácteos Vidal
El conflicto inició en 2018 cuando los trabajadores de Lácteos Vidal reclamaron el pago correcto de presentismo, cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y la recategorización de trabajadores mal encuadrados en el marco de un convenio colectivo diferenciado y a la baja.
El año pasado hicieron un primer paro y el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Vencida la misma, los trabajadores regresaron a las medidas de fuerza con el apoyo de la plana mayor de ATILRA.
Como la patronal no realizó ni una sola propuesta tendiente a cumplir las leyes laborales y el Convenio Colectivo de Trabajo 2/88, que rige para los trabajadores y las trabajadoras de la Industria Lechera, en agosto iniciaron un paro por tiempo indeterminado.
La familia Bada Vázquez junto al Movimiento Empresarial Antibloqueos (MEAB) denunció que el sindicato bloqueaba la planta y los extorsionaba. Sin embargo, la justicia, en distintas instancias, determinó que el supuesto bloqueo no existió y que los trabajadores ejercieron en forma lícita el derecho a huelga.
En septiembre del año pasado, la empresa lactea despidió a los 29 trabajadores de paro y contrato personal nuevo fuera de convenio con el que sigue produciendo, a pesar de que el fallo judicial lo prohibía explicitamente.
«Está todo corroborado y es un caso fácil para la justicia porque hay un convenio que no se cumplía. Sin embargo, en este caso hay un trasfondo político y se juegan otras cuestiones. La empresa tiene la presión del arco político de la derecha para no ceder pero se están metiendo en un terreno en el parece que quedarán pedaleando», consideró el secretario Gremial de ATILRA.
Sobre el futuro de este conflicto, el dirigente opinó: «Tenemos muy claro que si las elecciones las gana Patricia Bullrich encontrarán la manera de dar vuelta todo. Por eso no cantamos triunfo y sabemos que todo esto se juega en octubre».
La IGJ rechazó la inscripción al Movimiento Empresarial Antibloqueos
Días atrás, la Inspección General de Justicia (IGJ) rechazó la inscripción del Movimiento Empresarial Antibloqueos (MEAB) como una asociación civil empresarial porque entre sus objetivos figuran medidas contra “bloqueos sindicales extorsivos”.
La IGJ consideró que sus propósitos “no se ajustan a los estándares de bien común o interés general que requieren las asociaciones civiles” y “se contraponen con el ejercicio de derechos colectivos de los trabajadores”.
Este movimiento que tiene como cara visible a Floriencia Arietto se constituyó como un espacio para nuclear a empresarios y abogados penalistas que denuncian las huelgas como bloqueos y organizan estrategias para dilatar, cuando no obstaculizar, conflictos sindicales.
Desde su conformación, el MEAB ha apuntalado la redefinición de la huelga como bloqueo, catalogando a las organizaciones sindicales de mafias e intentando por todos los medios convertir causas laborales en penales.
Gremios
Importante cantera de Olavarría despidió a 19 trabajadores y acusó a Nación por una deuda millonaria
La empresa Galasur S.A., una de las principales canteras de Olavarría, despidió a 19 trabajadores en medio de la profunda crisis que atraviesa el sector de la minería no metalífera por la paralización de la obra pública y la crisis económica. La firma justificó la decisión en la caída de la actividad, la «fuerte retracción de las ventas» y una millonaria deuda que, según afirmó, mantiene el gobierno nacional.
Los despidos comenzaron a notificarse este jueves, luego de que un día antes la empresa comunicara a todo el personal que no debía concurrir a trabajar hasta el próximo lunes debido a supuestas tareas de reparación en la planta. La situación despertó sospechas entre los trabajadores y finalmente se confirmó con la llegada de los telegramas.
De acuerdo con la información difundida por los propios empleados, fueron despedidos 17 trabajadores afiliados a AOMA y dos del gremio de Comercio, quienes se autoconvocaron en el ingreso a la cantera para reclamar explicaciones. Desde el sindicato minero señalaron que previamente se había realizado una audiencia en el Ministerio de Trabajo, aunque la decisión empresarial terminó concretándose de todos modos.
La empresa apuntó a la crisis de la obra pública y la construcción
En los telegramas enviados a los trabajadores, Galasur sostuvo que las cesantías responden a una «falta o disminución de trabajo» derivada del deterioro de las condiciones económicas y productivas de la actividad minera.
La empresa explicó que su producción depende en gran medida de la construcción y de la obra pública, por lo que la paralización de esos sectores provocó una fuerte caída en la demanda de piedra y otros materiales.
Según indicó, entre enero y julio de 2026 las ventas se redujeron cerca de un 34% interanual, un escenario que, combinado con la inflación y el incremento de los costos, afectó la sustentabilidad de la explotación.
Además, la firma aseguró que enfrenta un grave problema financiero por el incumplimiento en los pagos de SOFSE-Trenes Argentinos Operaciones, que —según detalló— mantiene una deuda cercana a 1.890 millones de pesos, con certificados impagos desde hace más de dos años.
Para la empresa, ese escenario deterioró el flujo de fondos y la cadena de pagos, haciendo «insuficientes los actuales niveles de actividad y producción para sostener la estructura operativa y laboral».
Un nuevo golpe para el empleo en Olavarría
Los despidos vuelven a poner el foco sobre la situación de Olavarría, uno de los principales polos mineros y productores de piedra de la provincia de Buenos Aires, cuya actividad está estrechamente ligada a la evolución de la construcción y de la inversión en infraestructura.
La reducción de la obra pública nacional y la desaceleración del mercado privado vienen impactando desde hace meses sobre las canteras de la ciudad, con menor producción y conflictos laborales que ahora suman un nuevo capítulo con la desvinculación de 19 trabajadores de Galasur.
Gremios
Cierra la fábrica de Converse en Las Flores: “Ya perdimos el 80% de los trabajadores del calzado en todo el país”
Desde la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA) confirmaron el cierre de la emblemática fábrica de zapatillas Coopershoes en Las Flores. «Qué podemos hacer los sindicatos si la empresa no tiene trabajo y paga las indemnizaciones como corresponde. Esto es una pesadilla«, expresaron desde el gremio.
En diálogo con Radio Las Flores, Daniel Coronel delegado de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA): «En 2023 había 322 trabajadores de calzado en Cooopershoes. La política económica de Milei se llevó puestos todas estas fuentes de trabajo».
«En junio del 2024 empezaron a reducir puestos laborales y lamentablemente la empresa no tenía más pedidos de Converse», detalló el dirigente gremial y agregó: “Dentro de la desgracia debemos destacar que pagarán las indemnizaciones como corresponde».
“Hemos perdido el 80% de los trabajadores del calzado en todo el país”
Coronel explicó que este cierre se produce en un contexto de apertura de importaciones por lo que a las empresas les conviene traer los productos terminados de otros países, además de la caída del consumo interno. “Adentro no hay un peso por lo que la indumentaria pasa a ser un consumo del último orden. Comer se volvió muy caro en Argentina», lamentó.
El dirigente de UTICRA señaló que el gremio intentó realizar gestiones ante el gobierno nacional pero que «no hubo respuestas».
«Esto está pasando en todo el país y es muy lamentable. Antes cuando había algún conflicto podías acudir a la Secretaría de Comercio, ahora no hay ninguna puerta para golpear», apuntó.
Y cuestionó: «Qué podemos hacer los sindicatos si la empresa no tiene trabajo y paga las indemnizaciones como corresponde. Esto es una pesadilla que está pasando en Argentina»
«Hemos perdido el 80% de los trabajadores del calzado en todo el país. No hay ventas y entra todo trucho de Paraguay. Nuestra rama está desapareciendo», advirtió.
El Ministerio de Trabajo bonaerense avanzó con la reglamentación del organismo previsto por la Ley 14.656. La medida llega tras el reclamo de los trabajadores municipales y permitirá abrir un ámbito institucional de diálogo entre intendentes y sindicatos.
El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires anunció la convocatoria a la primera reunión organizativa del Consejo del Empleo Municipal, el organismo creado por la Ley 14.656 para fortalecer el diálogo entre los municipios y los trabajadores municipales, cuya puesta en funcionamiento permanecía pendiente desde la sanción de la norma hace más de diez años.
La Ley 14.656 fue aprobada en 2014, reglamentada en 2016 y luego judicializada en 2018 por distintas dificultades que impidieron su implementación efectiva. En este contexto, la actual gestión del Ministerio impulsó consultas ante la Asesoría General de Gobierno, que mediante un dictamen emitido el 7 de junio de este año habilitó a la cartera laboral a establecer las pautas necesarias para garantizar la integración y el funcionamiento del Consejo.
En consecuencia, el Ministerio dictó la Resolución 183/2026, que fija criterios claros para la convocatoria, integración y funcionamiento del organismo, considerado una herramienta clave para fortalecer la negociación colectiva y las relaciones laborales en el ámbito municipal.
La decisión se conoció luego de que la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) iniciara un plan de lucha con cortes de ruta en distintos puntos de la provincia para reclamar mejoras salariales y la urgente conformación del Consejo del Empleo Municipal.
El Consejo del Empleo Municipal, previsto en el artículo 49 de la ley, funcionará como un órgano consultivo y asesor no vinculante y estará integrado por once representantes de los municipios y once representantes de los trabajadores, con reuniones previstas al menos dos veces al año.
Su conformación representa un paso esperado desde hace años por los sindicatos municipales, que consideran al organismo una herramienta fundamental para fortalecer el diálogo institucional y avanzar en mejores condiciones laborales para los trabajadores del sector.
