El Gobierno nacional anunció este viernes la entrada en vigencia desde el 1 de enero de un plan básico universal obligatorio (PBU) para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, Internet fija y TV por suscripción con un precio a partir de $150, al tiempo que aprobó incrementos de hasta el 8% para el resto del universo de los usuarios.

El objetivo es «favorecer la universalización del acceso entre los sectores con menores ingresos y la población vulnerable, estimada en más de 10 millones de argentinos», remarcó esta tarde el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en un encuentro en el que estuvo acompañado por la secretaria de Innovación, Micaela Sánchez Malcolm, y el titular del Enacom, Claudio Ambrosini.

Los planes que integran la prestación básica universal y obligatoria, son una «inequívoca señal de política pública dirigida a sostener la asequibilidad a servicios esenciales para millones de argentinas y argentinos beneficiarios de planes sociales», subrayó el jefe de Gabinete.

La prestación tiene el carácter de «obligatoria» porque las empresas no pueden negarse a otorgar estos planes especiales a los beneficiarios contemplados en la norma, según especifica la resolución 1467 del Enacom.

«La prestación tiene el carácter de «obligatoria» porque las empresas no pueden negarse»

Entre los beneficiarios figuran jubilados y pensionados con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos; trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Universal por Embarazo.

También comprende a quienes perciben pensiones no contributivas con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, a inscriptos en el Monotributo Social, así como a trabajadores y trabajadoras monotributistas cuyo ingreso anual mensualizado no supere dos salarios mínimos y seguro de desempleo.

Además, los beneficiarios del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares, usuarios y usuarias que perciban una beca del Programa Progresar, personas desocupadas o en la economía informal, y de programas sociales, en todos los casos incluidos sus hijos de entre 16 y 18 años.

La norma incluye asimismo a los clubes de Barrio y de Pueblo registrados, asociaciones de Bomberos Voluntarios registrados, entidades de Bien Público sin fines de lucro y organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal.

Una muestra de la esencialidad de los servicios de Internet y comunicaciones la constituyen más de 2 millones de menores que viven en los 4.416 barrios populares del país que no pudieron sostener en el año una conexión frecuente y necesaria con sus docentes, subrayaron desde la Jefatura de Gabinete.

La pandemia reveló la brecha digital al exponer las diferentes posibilidades de seguir teniendo clases entre quienes tienen acceso en su casa a la computadora y quienes dependen del centro comunitario.

Como sostienen las organizaciones barriales «no tener Internet implica una situación de inequidad» porque las familias requieren de acceso para inscribirse en la Anses en planes como lo fue el IFE o en la AFIP para registrarse como monotributista o para certificar que el empleador haga los aportes mensualmente.

En un contacto que mantuvo con la prensa en Casa de Gobierno, el titular del Enacom, Claudio Ambrosini, precisó que «la salida del descongelamiento de los precios será con aumentos de hasta el 5% para todos» los servicios prestados a quienes no requieren del plan básico universal y obligatorio.

Por su parte, la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom, agregó que «las empresas pymes y cooperativas que tengan menos de 100.000 abonados podrán aplicar un incremento del 8% a partir del 1 de enero».

Estos incrementos están plasmados en la resolución 1466 del Enacom, a la que tuvo acceso Télam y que en sus considerandos entiende «prudente» admitir «excepcionalmente» que las empresas cuenten con un plazo de diez días para comunicar los incrementos a implementar dentro del tope autorizado.

Desde el sector privado, consideraron que los aumentos del 5 y 8% para los servicios que se presten por fuera del plan básico universal y obligatorio de Internet, telefonía fija y móvil y tv paga, «no son suficientes», según indicaron fuentes del sector a Télam.

Las grandes empresas y las pymes que operan especialmente en el rubro de Internet fija, coincidieron en que el incremento «no alcanza» para poder «reponerse de la inflación del 30% de este año».

«Aún no se conoce el alcance específico de las medias dispuestas en forma unilateral», señaló el director de Asuntos Regulatorios de Claro, Alejandro Quiroga.

El ejecutivo consideró que «medidas de carácter estructural como las anunciadas, debieron haber sido el resultado de consensos, luego de un análisis profundo de sus alcances y de que efectivamente contribuirán al beneficio de todos».

Desde Movistar, subrayaron que el «tope máximo del 5%» de aumento para los servicios «resulta insuficiente para cubrir los costos operativos de la industria».

«La actualización de precios propuesta por las autoridades va en contrasentido de cualquier atisbo de visión de crecimiento y desarrollo», agregaron las fuentes de la empresa.

Con similar posición, la cámara argentina de Internet (Cabase) alertó que estos precios de servicios ponen en peligro la continuidad de «más de 1.200 pymes y cooperativas» que prestan servicios de conectividad a Internet en localidades del interior del país.