Sobre el final del acto de la CGT de la semana pasada en Capital Federal aparecieron en escena, entre otros, los delegados de la línea 60 con consignas contrarias a la central gremial. Se trata de delegados gremiales enrolados en la izquierda combativa que no responden ni obedecen los mandatos del sindicato, la Unión Tranviarios Automotor – UTA. El conflicto que viene del año pasado y el dolor de cabeza para Dietrich.
Según datos que manejan los funcionarios de la cartera laboral a cargo de Jorge Triaca, los accionistas de MONSA -empresa operadora de la línea 60-, luego de los sumarios administrativos, tienen previsto aplicar un paquete de suspensiones y despidos que abarca a casi cincuenta empleados, entre los que se encuentran delegados y choferes que el año pasado habían atacado y destrozado las oficinas de la empresa.
Aquellos desmanes se registraron en septiembre de 2016, luego del fallecimiento de un mecánico del taller de Barracas, aplastado por un colectivo que estaba reparando. Tras la muerte del operario, los delegados gremiales enrolados en la izquierda combativa paralizaron los servicios durante varios días y hubo enfrentamientos con el personal administrativo de la empresa y otros choferes que no se plegaban a la medida de fuerza.
La cartera laboral había dispuesto en un principio una “conciliación obligatoria” que luego se transformó en voluntaria por casi 180 días y finalizó a fines de febrero.
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Con las filmaciones de las cámaras de seguridad y los elementos reunidos en la causa judicial que se abrió por ese conflicto, desde la empresa avanzaran con las medidas disciplinarias.
Para la cartera de transporte a cargo de Guillermo Dietrich, el inicio de un nuevo y prolongado conflicto en la línea 60 implicaría para el Gobierno un dolor de cabeza adicional que se suma a la situación general sindical y a los yerros del Correo y Avianca.
