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Detrás de cada juicio laboral hubo un Estado ausente

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Por: Dr. Ezequiel Martitegui (Abogado especialista en materia laboral) 

Las recientes manifestaciones del Presidente de la Nación, Mauricio Macri afirman que las crecientes demandas laborales han generado cierre de PyMES, así como pérdida de miles de fuentes de trabajo.  Las mismas abren nuevamente el debate acerca de la denominada “industria del juicio”, la misma es culpa de los abogados o de un Estado ausente en materia de defensa de los derechos de los trabajadores.

En la actualidad la mayor parte de las demandas laborales que se inician tienen por objeto reclamar un accidente o una enfermedad laboral.

La Ley de Riesgos del Trabajo fue sancionada en el año 95 con la intención de reducir los costos laborales de las empresas –palabras que han cobrado reciente vigencia-, mediante la misma se crea el seguro de riesgos del trabajo, consecuentemente las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Dicho seguro tiene por objeto por un lado prevenir accidentes y enfermedades y por otro brindar la atención médica a un trabajador accidentado o que haya padecido una enfermedad laboral y, llegado el caso, indemnizarlo en caso de que quede incapacitado.

Dicha ley ha sido cuestionada por los juristas especialistas en materia laboral desde su génesis misma, por entender que la misma era inconstitucional y que vulneraba los derechos de los trabajadores.

Con el paso de algunos años y de “las demandas” la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tomó participación en la problemática y comenzó a declarar inconstitucional a gran parte del articulado de la ley en cuestión, entre otros declaró la inconstitucionalidad de las Comisiones Médicas, de los topes indemnizatorios (hasta el año 09 la indemnización máxima por muerte de un trabajador era de $180.000), posibilitó que los trabajadores puedan reclamar una indemnización integral (que contemple el daño moral, lucro cesante, entre otros), posibilitó reclamar a los empleadores las diferencias indemnizatorias, condenó severamente a las ART que no cumplían sus deberes de prevención.

Ahora bien, siempre la CSJN puso énfasis en que lo primordial en la materia debería ser la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales. En tal sentido también se ha pronunciado la OIT.

Siendo la Ley inconstitucional en sus disposiciones más importantes y no existiendo otra vía idónea, es que los trabajadores comenzaron a reclamar sus patologías judicialmente. Lógicamente, a falta de una Ley mejor –existen varios buenos proyectos basados prioritariamente en la prevención- los reclamos se fueron masificando como en cualquier parte del mundo donde se posibilita a un trabajador reclamar una incapacidad laboral -Estados Unidos a la cabeza-.

Ahora bien, sabiendo las directivas de la CSJN, el gobierno sancionó una Ley que obliga nuevamente a los trabajadores a acudir obligatoriamente a las Comisiones Médicas y que nada importante dice acerca de cómo prevenir los accidentes, bajo la ya conocida premisa de “bajar los costos laborales” producto de la industria del juicio.

No hace falta ser mentalista para advertir que la ley en cuestión no tardará en ser cuestionada constitucionalmente y que no bajará el número de accidentes, en tal sentido, no bajarán los juicios.

La única manera de que bajen los juicios es que el Estado se encargue de prevenir la siniestralidad –lo cual es más caro que pagar indemnizaciones- y eso lo logrará sancionando una Ley que ponga énfasis justamente en la prevención de los accidentes y las enfermedades en lugar de ocuparse de los costos indemnizatorios. Los trabajadores seguirán reclamando mientras se sigan accidentando, y se seguirán accidentando mientras el Estado no les brinde la protección adecuada.

No creamos que el problema de la economía es que un trabajador es caro. Si la intención del Estado es bajar los costos laborales quizás antes de intentar reducir vía los trabajadores podría evaluar reducir la carga tributaria que entre impuestos nacionales, provinciales y municipales afectan al casi 50% de la ganancia de las PyMES.

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12 de octubre: ABYA YALA, el verdadero nombre del continente

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Abya Yala el verdadero nombre de América

La denominación Abya Yala fue dada al continente americano por el pueblo Kuna, desde antes de la llegada de los europeos. Este pueblo es originario de la serranía del Darien, al norte de Colombia, que hoy en día habita la región al sur de Panamá y el norte de Colombia. A los Kuna de la región Colombiana se les conoce como Kuna-Tule.

La cultura kuna sostiene que ha habido cuatro etapas históricas en la tierra, y a cada etapa corresponde un nombre distinto de la tierra conocida mucho después como América: Kualagum Yala, Tagargun Yala, Tinya Yala, Abya Yala.

El último nombre significa: territorio salvado, preferido, querido por Paba y Nana, y en sentido extenso también puede significar tierra madura, tierra de sangre”. Así esta tierra se llama “Abia Yala”, que se compone de “Abe”, que quiere decir “sangre”, y “Ala”, que es como un espacio, un territorio, que viene de la Madre Grande.

Es así como hoy en día, diferentes organizaciones, comunidades e instituciones indígenas y representantes de ellas de todo el continente, han adoptado su uso para referirse al territorio continental, en vez del término “América”. Es por esto que el nombre de ABYA YALA es utilizado en sus documentos y declaraciones orales. Como símbolo de identidad y de respeto por la tierra que habitamos.

Enrique Dussel ya había advertido que el denominado «descubrimiento de América» fue, en verdad, el encubrimiento de los pueblos que aquí habitaban. ABYA YALA es, así, el verdadero descubrimiento de América.


LENGUA DEL PUEBLO KUNA

El pueblo Kuna es originario de Sierra Nevada, en el norte de Colombia, habitó la región del Golfo de Urabá y las montañas de Darien, y actualmente vive en la costa caribeña de Panamá, en la Comarca de Kuna Yala (San Blas). ABYA YALA se viene usando como una autodesignación de los pueblos originarios del continente en contraposición a América, expresión que, aunque usada por primera vez en 1507 por el cosmólogo Martín Wakdseemüller, sólo se consagra desde fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX como un medio de las élites criollas para afirmarse en contraposición a los conquistadores europeos dentro del proceso de independencia.

Aunque los diferentes pueblos originarios que habitan el continente atribuyeran nombres propios a las regiones que ocupaban (Tawantinsuyu, Anauhuac, Pindorama), la expresión ABYA YALA es cada vez más usada por los pueblos originarios del continente objetivando la construcción de un sentimiento de unidad y pertenencia.

Pese a que algunos intelectuales, como el sociólogo catalán-boliviano Xavier Albó, ya habían utilizado la expresión ABYA YALA en contraposición a la designación consagrada de América, la primera vez que la expresión fue explícitamente usada con ese sentido político fue en la II Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas de ABYA YALA, realizada en Quito en 2004.


CUMBRE CONTINENTAL DE LOS PUEBLOS EN EL AÑO 2000

En la I Cumbre, realizada en México en el año 2000, la expresión ABYA YALA aún no era invocada, como se puede leer en la Declaración de Teotihuacán, cuando se presentan como «los Pueblos Indígenas de América reafirmamos nuestros principios de espiritualidad comunitaria y el inalienable derecho a la Autodeterminación como Pueblos Originarios de este continente».

A partir de 2007, sin embargo, en la III Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas de ABYA YALA, realizada en Iximche, Guatemala, no sólo se autoconvocan como ABYA YALA, sino que también resuelven constituir una Coordinación Continental de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas de ABYA YALA «como espacio permanente de enlace e intercambio, donde converjan experiencias y propuestas, para que juntos enfrentemos las políticas de globalización neoliberal y luchar por la liberación definitiva de nuestros pueblos hermanos, de la madre tierra, del territorio, del agua y de todo patrimonio natural para vivir bien».


ABYA YALA

Poco a poco, en los diferentes encuentros del movimiento de los pueblos originarios, el nombre América va siendo sustituido por ABYA YALA, indicando así no apenas otro nombre, sino también la presencia de otro sujeto enunciador del discurso, hasta aquí callado y subalternizado en términos políticos: los pueblos originarios.

La idea de un nombre propio que abarcara todo el continente se impuso a esos diferentes pueblos y nacionalidades cuando comenzaron a superar el largo proceso de aislamiento político a que se vieron sometidos tras la invasión de sus territorios en 1492, con la llegada de los europeos.

Junto con ABYA YALA hay todo un nuevo léxico político que también se viene construyendo, donde la propia expresión «pueblos originarios» gana sentido. Esa expresión afirmativa fue la que esos pueblos en lucha encontraron para autodesignarse y superar la generalización eurocéntrica de «pueblos indígenas».

A fin de cuentas, antes de la llegada de los invasores europeos, en el continente había una población estimada de entre 57 y 90 millones de habitantes que se distinguían como maya, kuna, chibcha, mixteca, zapoteca, ashuar, huaraoni, guarani, tupinikin, kaiapó, aymara, ashaninka, kaxinawa, tikuna, terena, quéchua, karajás, krenak, araucano/mapuche, yanomami, xavante, entre tantos y tantas nacionalidades y pueblos originarios del continente.

La expresión «indígena» es, en ese sentido, una de las mayores violencias simbólicas cometidas contra los pueblos originarios de ABYA YALA en la medida en que es una designación que hace referencia a las Indias, o sea, a la región buscada por los negociantes europeos a fines del siglo XV.

La expresión «indígena» ignora, así, que esos otros pueblos tenían sus propios nombres y su propia designación para sus territorios. Paradójicamente, la expresión «pueblos indígenas», en la misma medida en que ignora la diferencia específica de esos pueblos, contribuyó a unificarlos no sólo desde el punto de vista de los conquistadores/invasores, sino también como una designación que, en principio, servirá para constituir la unidad política de esos pueblos por sí mismos, cuando comienzan a percibir la historia común de humillación, opresión y explotación de su población y la dilapidación y devastación de sus recursos naturales.

 ABYA YALA se configura, por lo tanto, como parte de un proceso de construcción político-identitario en el que las prácticas discursivas cumplen un papel relevante de descolonización del pensamiento, y que ha caracterizado al nuevo ciclo del movimiento «indígena» cada vez más como un movimiento de los pueblos originarios. La comprensión de la riqueza de los pueblos que viven aquí hace miles de años y del papel que tuvieron y tienen en la constitución del sistema-mundo ha alimentado la construcción de ese proceso político-identitario.

Considérese, por ejemplo, que hasta la invasión de ABYA YALA (América) Europa detentaba un papel marginal en los grandes circuitos mercantiles, que tenían en Constantinopla uno de sus lugares centrales. La toma de esa ciudad por los turcos, en 1453, propició la búsqueda de caminos alternativos, sobre todo por parte de los grandes negociantes genoveses, que encontraron apoyo político entre las monarquías ibéricas y en la Iglesia Católica Romana.

Desde entonces, circuitos mercantiles relativamente independientes en el mundo pasan a estar integrados e incluso se constituye el circuito Atlántico con la incorporación del Tawantinsuyu (región hoy ocupada por Perú, Ecuador y Bolivia, principalmente), del Anahuac (hoy México y Guatemala, principalmente), de las tierras guaraníes (envolviendo parte de Argentina, Paraguay, sur de Brasil y Bolivia, principalmente) y Pindorama (nombre con que los tupí designaban a Brasil).

El carácter periférico y marginal de Europa era tal que la expresión «orientarse» (ir hacia el oriente) indicaba la relevancia de Oriente en la época. Así, es con la incorporación de los pueblos de ABYA YALA y con su sometimiento político, junto con el tráfico y la esclavización de los negros africanos traídos a este continente, que se crea la oportunidad para la centralidad de Europa.

En resumen, el surgimiento del sistema mundo moderno se da junto con la construcción de la colonialidad. Se trata, por lo tanto, de un sistema mundo moderno-colonial. Y ese carácter contradictorio inscrito en el sistema mundo moderno, que busca olvidar su carácter también colonial, es lo que los pueblos originarios de ABYA YALA vienen buscando explicitar en la lucha «por la liberación definitiva de nuestros pueblos hermanos, de la madre tierra, del territorio, del agua y de todo patrimonio natural para vivir bien».

De este modo, la descolonización del pensamiento se vuelve central para los pueblos originarios de ABYA YALA. Como bien señaló Luis Macas, de la Coordinadora de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), «nuestra lucha es epistémica y política», donde cumple un papel fundamental el poder de designar lo que es el mundo. Varios intelectuales vinculados a las luchas de los pueblos de ABYA YALA han señalado el carácter etnocéntrico inscrito en las propias instituciones, incluso en el Estado Territorial, cuyo eje estructurante está en la propiedad privada y cuyo fundamento se encuentra en el Derecho Romano.

A pesar de su origen regional europeo, los fundamentos del Estado Territorial, incluso la idea de espacios mutuamente excluyentes, como la propiedad privada, han sido impuestos al resto del mundo como si fueran universales, ignorando las diferentes formas de apropiación de los recursos naturales que predominaban en las mayores partes del mundo, casi siempre comunitarias y no mutuamente excluyentes. En América Latina, el fin del colonialismo no significó el fin de la colonialidad, como afirmó el sociólogo peruano Aníbal Quijano, explicitando el carácter colonial de las instituciones que sobrevivieron tras la independencia y que ilumina la declaración de Evo Morales Ayma al asumir la presidencia de la República de Bolivia, en 2006, cuando afirmó que era «preciso descolonizar el Estado».

Para que no se piense que se trata de una afirmación abstracta, debe recordarse que los concursos de oposición para funcionarios públicos en ese país eran realizados exclusivamente en lengua española, cuando aproximadamente el 62 por ciento de la población piensa en quechua, aymara y guaraní, las lenguas que hablan predominantemente en su vida cotidiana.

En países como Guatemala, Bolivia, Perú, México, Ecuador y Paraguay, así como en ciertas regiones de Chile (en el sur, donde viven aproximadamente un millón de araucanos/mapuches), de Argentina (el Chaco norteño) y de la Amazonia (brasileña, colombiana y venezolana), el carácter colonial del Estado se hace presente con todo su peso. El «colonialismo interno», expresión consagrada por Pablo González Casanova, se muestra actual, en tanto historia de larga duración actualizada. No es raro que esas regiones sean objeto de programas de desarrollo, casi siempre para (des)arrollar, de modernización, casi siempre de colonización (de hecho, esas expresiones casi siempre son sinónimos).

La elección del nombre ABYA YALA por los kuna recupera la lucha por la afirmación de sus territorios, de la que ellos fueron pioneros con su revolución de 1925, consagrada en 1930 en el derecho de autonomía de la Comarca de Kuna Yala, con sus 320.600 hectáreas de tierras, más las aguas vecinas del archipiélago de San Blas. La lucha por el territorio se configura como una de las más relevantes en el nuevo ciclo de luchas del movimiento de los pueblos originarios que se delinea a partir de los años ’80 del siglo pasado (Myskitos en Nicaragua) y que logra su mayor expresión en los años ’90 y a comienzos del nuevo siglo, revelando cambios profundos tanto del punto de vista epistémico como político.

Abya Yala se posiciona así como un atractor (Prigogine) en torno al que otro sistema puede configurarse. Eso es lo que los pueblos originarios están proponiendo con ese otro léxico político. No olvidemos que dar nombre propio es apropiarse.

Es hacer propio un espacio a través de los nombres que se atribuyen a ríos, montañas, bosques, lagos, animales y plantas; por ese medio, un grupo social se constituye como tal, constituyendo sus mundos de vida, sus mundos de significación y convirtiendo un espacio en su espacio: un territorio.

El lenguaje territorializa y, de esa manera, se revela una tensión de territorialidades entre América y ABYA YALA.

Fuente: Ecoportal.net

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La otra Pandemia

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udocba

Nota de opinión de familiares, amigos, alumnos y colegas de Marcos Ledesma.

Hace algunos años que, disgregada pero no silenciosa, otra pandemia avanza en nuestro país y nuestra sociedad. Acá no hay virus ni bacterias, sino desinformación, miedo social y manipulación. Es la pandemia de las falsas denuncias.

Hoy 12 de agosto comienza el juicio contra Marcos Ledesma, once años después de las acusaciones en su contra por abuso y corrupción de menores. Al recorrer los casos de la Argentina en estos últimos años nos encontramos con más de 200 docentes denunciados, la mayoría casualmente en jardines de infantes y sobre maestros especiales, como música, educación física, plástica, etc. Acusados de hechos aberrantes y profundamente condenables para cualquiera que escucha la noticia. La rápida, y más cómoda mirada es culpar al denunciado sin la más mínima duda de sus acciones. La premisa de “los niños no mienten” ha teñido de irresponsabilidad el accionar perital, mediático y social de hechos que, de ser verdad, deberían resolverse de maneras menos iracundas y por los carriles penales que den un debido proceso y un ejemplar castigo. Pero no es así, el acusado es condenado a los pocos minutos sin flagrancia ni testigos.

Analía Schwartz, Juan Rosso, Fernando Melo Pacheco, y centenares más son juzgados por las sensaciones de una mamá o un papá que genera la paranoia y activa el terror social de que a nuestros hijos le pase algo horroroso. Pero, esa justicia “popular” que termina golpeando docentes, directivos, quemando escuelas y escrachando vidas no permite llegar a la verdad, porque hay una sentencia previa de condena eterna. ¿O algún docente acusado falsamente puede volver a su vida normal después de todo esto?

El abuso de menores es un hecho aberrante, que debe ser condenado con toda la fuerza de la ley. Pero antes de eso hay que llegar a la verdad. Marcos Ledesma atraviesa sistemáticamente, los mismos pasos de las denuncias a centenares de docentes. Aunque en este caso las pruebas son aún mas contundentes de su inocencia: Trabajar en el hall de un edificio altamente concurrido, con puertas abiertas, docentes de sala presentes, acciones que se le acusan que jamás le pudiera dar el tiempo para hacerlo en los 20 minutos que tiene con los chicos.

No hace falta esperar el juicio, solo analizando las probabilidades fácticas de sus realización es que Marcos debería estar ejerciendo la docencia como lo hizo hasta ese momento, sin acusaciones, querido por colegas y familias. Un profe más de esta ciudad que le pone el corazón y el pecho a su profesión, a pesar de las condiciones adversas con las que cotidianamente se encuentran.

Entendemos que esta responsabilidad excede también a las familias que son victimas de este mal social y ante la suposición de un hecho y desatada la paranoia actúan con ira y desesperación. Pero debemos analizar profundamente cada caso para, como sociedad, llegar a fondo a la verdad. Incluso porque de haber un caso de abuso, quizá la denuncia hacia el docente tapa a los verdaderos monstruos.

Hoy comienza un juicio que esperamos pueda poner en su lugar la verdad, sin presiones sociales ni incomodidades.

Ojalá que sea justicia.

Familiares, amigos, alumnos y colegas de Marcos Ledesma.

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El gobierno interviene la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo sin ninguna legalidad

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universidad de las madres

Por Demetrio Iramain, Docente de Historia de las Madres de Plaza de Mayo en la UNMa y Militante de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.  

El jueves 25 de julio, horas antes de que las Madres de Plaza de Mayo iniciaran su marcha semanal número 2415, el gobierno de Javier Milei dio a conocer una resolución de su ministra Sandra Pettovello, que establece la intervención de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. Una provocación.

Como cuando un juez de Comodoro Py quiso detener a Hebe de Bonafini, en agosto de 2016, la medida fue dictada un jueves, día de la histórica movilización de las Madres alrededor de la Pirámide de Mayo. El goce perfecto del gobierno maldito.

La resolución es, además de ilegal, violatoria de la autonomía universitaria que rige en la Argentina desde el año 1918, hace 106 años.

En efecto, la UNMa realizó no una Asamblea Universitaria para consagrar su autonomía, sino dos. La primera, el 6 de diciembre de 2023, a 4 días de que asuma el gobierno de Milei, y la segunda el 5 de marzo de este año, en la que  resultó elegida en forma unánime Cristina Caamaño rectora de la Universidad, tal como reclamaban las Madres, siguiendo un mandato que había expresado Hebe, antes de su fallecimiento.

La figura de “rector organizador” que el gobierno intenta imponer, no corresponde en la UNMa, que se encuentra plenamente organizada, con sus representantes por los claustros docentes, no docentes, alumnos y estudiantes ya elegidos y ejerciendo el cogobierno de la Universidad. Porque la Universidad de las Madres no se creó en septiembre del año pasado, cuando se promulgó la ley que la rige, sino el 6 de abril de 2000, cuando las Madres crearon su Universidad Popular, que en noviembre de 2014 se convirtió en Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, hasta 2023, cuando se transformó en su forma actual: la UNMa.

En efecto, desde el corto tiempo que pasó entre hoy y la sanción de la ley de su creación, la Universidad de las Madres debió atravesar un conflicto político interno que comenzó el 6 de diciembre y se extendió hasta marzo de este año.

La disputa derivó de la elección realizada en aquella primera asamblea de diciembre. Las Madres denunciaron que quienes se habían impuesto, María Elena Patzer y Jacobo Grossman, iban a traicionar a las Madres, frustrar el proyecto educativo y entregarle la Universidad a Milei: hoy queda comprobado que tenían razón. El “organizador” nombrado por el decreto de intervención del gobierno es, precisamente, el entonces secretario administrativo de esa gestión, Luis Eduardo Maurizzio.

La denuncia pública de las Madres, en su marcha del jueves 7 de diciembre de 2023, movilizó a la comunidad de la Universidad, que comprendió la maniobra, hizo cambiar el voto de los asambleístas y motivó la convocatoria de una nueva asamblea soberana, que se realizó el 5 de marzo, en la que Cristina Caamaño resultó elegida por unanimidad.

Desde entonces, la Universidad atraviesa las dificultades propias de ejercer su objetivo pedagógico sin ningún tipo de recursos: el gobierno se niega a girar los fondos que le corresponden para su normal funcionamiento desde el 1 de enero, por lo que su plantel docente y el cuerpo de trabajadores no docentes no perciben su salario desde entonces.

Para revertir esta situación, la Universidad, a la vez que movilizó a su comunidad repetidas veces, recurrió a la Justicia. Decir «la Justicia» es una manera de decir. El lunes 15 de julio, el juez de Feria decidió habilitarla ante la urgencia de la situación y la gravedad institucional que supone todo esto, para resolver sobre un recurso en el que se reclaman los fondos.

¿Qué hizo el gobierno ante la inminencia de un fallo que podría serle adverso? Recusó al juez. No le daba ninguna garantía. El viernes 19 el juez al que le dieron la causa por pedido del gobierno, rechazó la pretensión de la Universidad de las Madres. ¿Cómo se llama el juez? Pablo Cayssials, otro de los que viajó a Lago Escondido.

Fue el primer movimiento de otro siguiente: la intervención. Ni siquiera así el gobierno podrá detener el proyecto de las Madres de Plaza de Mayo. Desde el jueves 25, cuando se conoció el decreto, se sucedieron múltiples muestras de solidaridad que auguran un futuro de dura resistencia para su Universidad, pero con grandes posibilidades de triunfo. Este gobierno va a pasar, y la Universidad de las Madres, producto de sus 47 años de lucha, seguirá. Qué duda cabe.

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