Detrás de cada juicio laboral hubo un Estado ausente

junio 15, 2017 | Opinión

Por: Dr. Ezequiel Martitegui (Abogado especialista en materia laboral) 

Las recientes manifestaciones del Presidente de la Nación, Mauricio Macri afirman que las crecientes demandas laborales han generado cierre de PyMES, así como pérdida de miles de fuentes de trabajo.  Las mismas abren nuevamente el debate acerca de la denominada “industria del juicio”, la misma es culpa de los abogados o de un Estado ausente en materia de defensa de los derechos de los trabajadores.

En la actualidad la mayor parte de las demandas laborales que se inician tienen por objeto reclamar un accidente o una enfermedad laboral.

La Ley de Riesgos del Trabajo fue sancionada en el año 95 con la intención de reducir los costos laborales de las empresas –palabras que han cobrado reciente vigencia-, mediante la misma se crea el seguro de riesgos del trabajo, consecuentemente las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Dicho seguro tiene por objeto por un lado prevenir accidentes y enfermedades y por otro brindar la atención médica a un trabajador accidentado o que haya padecido una enfermedad laboral y, llegado el caso, indemnizarlo en caso de que quede incapacitado.

Dicha ley ha sido cuestionada por los juristas especialistas en materia laboral desde su génesis misma, por entender que la misma era inconstitucional y que vulneraba los derechos de los trabajadores.

Con el paso de algunos años y de “las demandas” la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tomó participación en la problemática y comenzó a declarar inconstitucional a gran parte del articulado de la ley en cuestión, entre otros declaró la inconstitucionalidad de las Comisiones Médicas, de los topes indemnizatorios (hasta el año 09 la indemnización máxima por muerte de un trabajador era de $180.000), posibilitó que los trabajadores puedan reclamar una indemnización integral (que contemple el daño moral, lucro cesante, entre otros), posibilitó reclamar a los empleadores las diferencias indemnizatorias, condenó severamente a las ART que no cumplían sus deberes de prevención.

Ahora bien, siempre la CSJN puso énfasis en que lo primordial en la materia debería ser la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales. En tal sentido también se ha pronunciado la OIT.

Siendo la Ley inconstitucional en sus disposiciones más importantes y no existiendo otra vía idónea, es que los trabajadores comenzaron a reclamar sus patologías judicialmente. Lógicamente, a falta de una Ley mejor –existen varios buenos proyectos basados prioritariamente en la prevención- los reclamos se fueron masificando como en cualquier parte del mundo donde se posibilita a un trabajador reclamar una incapacidad laboral -Estados Unidos a la cabeza-.

Ahora bien, sabiendo las directivas de la CSJN, el gobierno sancionó una Ley que obliga nuevamente a los trabajadores a acudir obligatoriamente a las Comisiones Médicas y que nada importante dice acerca de cómo prevenir los accidentes, bajo la ya conocida premisa de “bajar los costos laborales” producto de la industria del juicio.

No hace falta ser mentalista para advertir que la ley en cuestión no tardará en ser cuestionada constitucionalmente y que no bajará el número de accidentes, en tal sentido, no bajarán los juicios.

La única manera de que bajen los juicios es que el Estado se encargue de prevenir la siniestralidad –lo cual es más caro que pagar indemnizaciones- y eso lo logrará sancionando una Ley que ponga énfasis justamente en la prevención de los accidentes y las enfermedades en lugar de ocuparse de los costos indemnizatorios. Los trabajadores seguirán reclamando mientras se sigan accidentando, y se seguirán accidentando mientras el Estado no les brinde la protección adecuada.

No creamos que el problema de la economía es que un trabajador es caro. Si la intención del Estado es bajar los costos laborales quizás antes de intentar reducir vía los trabajadores podría evaluar reducir la carga tributaria que entre impuestos nacionales, provinciales y municipales afectan al casi 50% de la ganancia de las PyMES.

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