Se trata de una auxiliar de la educación que había ganado un cargo en una escuela de Trenque Lauquen en un concurso público. La Dirección General de Cultura y Educación a cargo de Gabriel Sánchez Zinny le quitó su puesto porque la mujer de nacionalidad peruana no presentó la carta de ciudadanía a pesar que tenía un plazo de un año para hacer el trámite. ATE Provincia se puso al frente del reclamo.
El artículo 2 de la Ley 10.430 establece para que ingresar al Estado hay que ser argentino nativo o naturalizado. Sin embargo, la reglamentación expresa que el trabajador extranjero que ingresa tiene 12 meses para presentar la carta de ciudadanía, plazo que se puede prorrogar por dos años en caso de ser necesario.
En diálogo con TODO PROVINCIAL, el secretario General Adjunto ATE Provincia de Buenos Aires, Carlos Díaz, explicó: “Modesta Guerrero venía haciendo suplencias desde hacía 5 años pero hace pocas semanas tomó un cargo vacante como trabajadora mensualizada, aunque en realidad debería ingresar como plante permanente, algo que no sucede producto de la precarización”.
La mujer de nacionalidad peruana tomó el cargo y comenzó a trabajar pero a los pocos días le llegó una baja de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) porque no había presentado la carta de ciudadanía.
“Desde la Dirección General de Cultura y Educación plantean en forma inversa a lo que dice la ley que como la compañera no tiene la carta de ciudadanía no puede tomar el cargo y se lo sacaron, pero en realidad la ley plantea que tiene un año para hacer el trámite desde el ingreso”, señaló Díaz.
Modesta Guerrero era una trabajadora rural golondrina hasta que comenzó a trabajar realizando suplencias como auxiliar de la educación en Trenque Lauquen. Para realizar la carta de ciudadanía debe viajar a Junín porque es un trámite que se debe iniciar en los tribunales federales.
“Presentamos el recurso de revocatoria pero la provincia ratificó que la trabajadora no puede tomar el cargo por no tener la carta de ciudadanía. Además de desconocer la reglamentación de la Ley 10.430, la resolución tiene un error procedimental porque está firmada el director de Recursos Humanos cuando debería llevar la rúbrica del Ministro o el subsecretario Ignacio Sanguinetti”, explicó el dirigente de ATE Provincia.
Y agregó: “El gobierno provincial viola la Ley, la Constitución de la Provincia que establece el derecho a trabajar a nativos y extranjeros radicados legalmente en el país como es el caso de esta trabajadora que tiene DNI argentino, y también vulnera tratados internacionales”, aseguró Díaz.
“Este no es el primer caso en que sucede algo similar pero siempre se han podido resolver a partir de la negociación, pero ahora las autoridades en lugar de aplicar la ley invierten la carga de la prueba y responsabilizan a la trabajadora”, concluyó.