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Con conflicto salarial en las puertas de la comuna Cascallares no desembarcará en Nación


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Trabajadores de Almirante Brown instalaron una carpa frente al municipio en reclamo de una recomposición salarial retrasada desde octubre y el pago de un bono extraordinario. Desde el gremio que conduce Rolando “Cacho” Sandoval apuntaron contra el intendente: “No estamos reclamando un aumento sino una recomposición salarial y el intendente nos dijo que no hay plata y que a veces los trabajadores tenemos que perder”. El titular del gremio también anticipó que si no aparecen las respuestas tras vencerce la conciliación obligatoria habrá “paro por tiempo indeterminado”

“No hay peor astilla que la viene del mismo palo” dijo hoy el titular del gremio de los municipales Rolando Cacho Sandoval en diálogo con TODO PROVINCIAL al referirse al conflicto salarial que mantienen con el recientemente reelecto intendente de Almirante Brown Mariano Cascallares.

“Hace dos meses caminábamos juntos y ahora somos el enemigo, los desestabilizadores por llevar a cabo un reclamo justo”, dijo el gremialista sobre la tensa relación que mantienen con el intendente que hasta hace pocos días sonaba como futuro Secretario de Obras Públicas de la Nación y que ahora será reemplazado por ex candidato de Lanús Edgardo Depetri. “La marcha la cantamos con quien queremos y no podemos permitir que dirigentes que se dicen nacionales y populares tengan estas actitudes con los trabajadores. Es una cuestión ideológica”, enfatizó.

En ese marco Sandoval aclaró que el reclamo pasa por una recomposición salarial que tendría que haberse discutido en el mes de octubre y que se retrasó hasta ahora: “Hasta el mes de agosto tuvimos una recomposición salarial del 16%, con otros dos incrementos del 5% y del 9% en enero y febrero y con el compromiso de revisar en octubre de acuerdo a la evolución de la inflación. Pasaron los meses y no se dio ninguna reunión”, dijo.

Ahora desde el gremio piden una actualización del 30%  que debería comenzar con un aumento del 16% para el mes de diciembre de acuerdo al aumento del costo de vida. En ese marco el dirigente aclaró que los sueldos en la comuna de Almirante Brown oscilan los “20 mil pesos”, “24 mil con el sueldo conformado”, es decir casi la media de lo que establece el INDEC para el valor de la Canasta Básica Total.

Como contraoferta Cascallares viene de ofrecerles un bono de tres mil pesos, que fue rechazado porque “no alcanzaba a los jubilados del municipio y porque no cubre la depreciación salarial sufrida en los últimos meses”. Sumado a esto, Cascallares les dijo que “no hay plata y que a veces los trabajadores tienen que perder”.

También les pide que levanten la carpa que instalaron frente al palacio municipal, tras la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo y que vence el dos de enero. “No nos recibe y nos denuncia ante el ministerio de Trabajo. Nosotros sin violar el dictamen del ministerio instalamos esta carpa y vamos a pasar las fiestas acá. Es lamentable que lleguemos a esto en una fecha tan sensible pero no lo vamos a hacer porque hay un descreimiento generalizado”, sostuvo el dirigente, quien además confirmó que una vez vencido el plazo dictado por la cartera laboral las medidas se recrudecerán e “iniciarán un paro por tiempo indeterminado hasta que parezcan las respuestas”.

En ese marco Sandoval destacó además que el reclamo cuenta con el apoyo y el respaldo de los gremios que integran la Fesimubo, encabezada Rubén García, quienes participarán el próximo 26 de diciembre del acto de asunción de las nuevas autoridades. El mismo se realizará en la plaza principal en señal también de protesta ante la falta de diálogo con las autoridades.

“Intentan desfinanciar al gremio”

Por otra parte denuncian que el intendente puso en marcha una “campaña de difamación y des financiación del gremio” al impulsar el cobro de una deuda gestada durante la gestión anterior a esta que comenzó hace cuatro años. “Hablan de una deuda de 3 millones de pesos, la otra gestión  dice que ya pagó pero la comuna dice que como agentes solidarios tenemos que pagar”. En ese contexto Sandoval manifestó que “ya iniciaron acciones legales a través de la FESIMUBO”.

“Apuntan a desfinanciarnos y creo que con eso se están metiendo en un terreno en que no deberían porque ponen en riesgo un trabajo social muy importante que venimos haciendo y sin la ayuda de nadie”, remarcó y enumeró: “Tenemos una guardería con 100 municipalitos, solventada por nosotros mismos sin ninguna ayuda, tenemos una colonia de vacaciones con 150 chicos y sin ningún apoyo lo llevamos adelante. También tenemos ayuda escolar para  50 chicos de Jardín y EGB donde reciben recreación, apoyo escolar y contención”. “De todo esto se hizo cargo el sindicato y vemos animosidad en desfinanciarlo”, apuntó.

Finalmente el gremialista apuntó que el intendente “le debe una explicación a los trabajadores que lo apoyaron y pidió que habilite la instancia del diálogo para resolver el conflicto.

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Importante cantera de Olavarría despidió a 19 trabajadores y acusó a Nación por una deuda millonaria

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cantera galasur

La empresa Galasur S.A., una de las principales canteras de Olavarría, despidió a 19 trabajadores en medio de la profunda crisis que atraviesa el sector de la minería no metalífera por la paralización de la obra pública y la crisis económica. La firma justificó la decisión en la caída de la actividad, la «fuerte retracción de las ventas» y una millonaria deuda que, según afirmó, mantiene el gobierno nacional.

Los despidos comenzaron a notificarse este jueves, luego de que un día antes la empresa comunicara a todo el personal que no debía concurrir a trabajar hasta el próximo lunes debido a supuestas tareas de reparación en la planta. La situación despertó sospechas entre los trabajadores y finalmente se confirmó con la llegada de los telegramas.

De acuerdo con la información difundida por los propios empleados, fueron despedidos 17 trabajadores afiliados a AOMA y dos del gremio de Comercio, quienes se autoconvocaron en el ingreso a la cantera para reclamar explicaciones. Desde el sindicato minero señalaron que previamente se había realizado una audiencia en el Ministerio de Trabajo, aunque la decisión empresarial terminó concretándose de todos modos.

La empresa apuntó a la crisis de la obra pública y la construcción

En los telegramas enviados a los trabajadores, Galasur sostuvo que las cesantías responden a una «falta o disminución de trabajo» derivada del deterioro de las condiciones económicas y productivas de la actividad minera.

La empresa explicó que su producción depende en gran medida de la construcción y de la obra pública, por lo que la paralización de esos sectores provocó una fuerte caída en la demanda de piedra y otros materiales.

Según indicó, entre enero y julio de 2026 las ventas se redujeron cerca de un 34% interanual, un escenario que, combinado con la inflación y el incremento de los costos, afectó la sustentabilidad de la explotación.

Además, la firma aseguró que enfrenta un grave problema financiero por el incumplimiento en los pagos de SOFSE-Trenes Argentinos Operaciones, que —según detalló— mantiene una deuda cercana a 1.890 millones de pesos, con certificados impagos desde hace más de dos años.

Para la empresa, ese escenario deterioró el flujo de fondos y la cadena de pagos, haciendo «insuficientes los actuales niveles de actividad y producción para sostener la estructura operativa y laboral».

Un nuevo golpe para el empleo en Olavarría

Los despidos vuelven a poner el foco sobre la situación de Olavarría, uno de los principales polos mineros y productores de piedra de la provincia de Buenos Aires, cuya actividad está estrechamente ligada a la evolución de la construcción y de la inversión en infraestructura.

La reducción de la obra pública nacional y la desaceleración del mercado privado vienen impactando desde hace meses sobre las canteras de la ciudad, con menor producción y conflictos laborales que ahora suman un nuevo capítulo con la desvinculación de 19 trabajadores de Galasur.

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Cierra la fábrica de Converse en Las Flores: “Ya perdimos el 80% de los trabajadores del calzado en todo el país”

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coopershoes fábrica

Desde la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA) confirmaron el cierre de la emblemática fábrica de zapatillas Coopershoes en Las Flores. «Qué podemos hacer los sindicatos si la empresa no tiene trabajo y paga las indemnizaciones como corresponde. Esto es una pesadilla«, expresaron desde el gremio.

En diálogo con Radio Las Flores, Daniel Coronel delegado de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA): «En 2023 había 322 trabajadores de calzado en Cooopershoes. La política económica de Milei se llevó puestos todas estas fuentes de trabajo».

«En junio del 2024 empezaron a reducir puestos laborales y lamentablemente la empresa no tenía más pedidos de Converse», detalló el dirigente gremial y agregó: “Dentro de la desgracia debemos destacar que pagarán las indemnizaciones como corresponde».

“Hemos perdido el 80% de los trabajadores del calzado en todo el país”

Coronel explicó que este cierre se produce en un contexto de apertura de importaciones por lo que a las empresas les conviene traer los productos terminados de otros países, además de la caída del consumo interno. “Adentro no hay un peso por lo que la indumentaria pasa a ser un consumo del último orden. Comer se volvió muy caro en Argentina», lamentó.

El dirigente de UTICRA señaló que el gremio intentó realizar gestiones ante el gobierno nacional pero que «no hubo respuestas».

«Esto está pasando en todo el país y es muy lamentable. Antes cuando había algún conflicto podías acudir a la Secretaría de Comercio, ahora no hay ninguna puerta para golpear», apuntó.

Y cuestionó: «Qué podemos hacer los sindicatos si la empresa no tiene trabajo y paga las indemnizaciones como corresponde. Esto es una pesadilla que está pasando en Argentina»

«Hemos perdido el 80% de los trabajadores del calzado en todo el país. No hay ventas y entra todo trucho de Paraguay. Nuestra rama está desapareciendo», advirtió.

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La Provincia confirmó la convocatoria al Consejo del Empleo Municipal

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Consejo del Empleo Municipal

El Ministerio de Trabajo bonaerense avanzó con la reglamentación del organismo previsto por la Ley 14.656. La medida llega tras el reclamo de los trabajadores municipales y permitirá abrir un ámbito institucional de diálogo entre intendentes y sindicatos.

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires anunció la convocatoria a la primera reunión organizativa del Consejo del Empleo Municipal, el organismo creado por la Ley 14.656 para fortalecer el diálogo entre los municipios y los trabajadores municipales, cuya puesta en funcionamiento permanecía pendiente desde la sanción de la norma hace más de diez años.

La Ley 14.656 fue aprobada en 2014, reglamentada en 2016 y luego judicializada en 2018 por distintas dificultades que impidieron su implementación efectiva. En este contexto, la actual gestión del Ministerio impulsó consultas ante la Asesoría General de Gobierno, que mediante un dictamen emitido el 7 de junio de este año habilitó a la cartera laboral a establecer las pautas necesarias para garantizar la integración y el funcionamiento del Consejo.

En consecuencia, el Ministerio dictó la Resolución 183/2026, que fija criterios claros para la convocatoria, integración y funcionamiento del organismo, considerado una herramienta clave para fortalecer la negociación colectiva y las relaciones laborales en el ámbito municipal.

La decisión se conoció luego de que la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) iniciara un plan de lucha con cortes de ruta en distintos puntos de la provincia para reclamar mejoras salariales y la urgente conformación del Consejo del Empleo Municipal.

El Consejo del Empleo Municipal, previsto en el artículo 49 de la ley, funcionará como un órgano consultivo y asesor no vinculante y estará integrado por once representantes de los municipios y once representantes de los trabajadores, con reuniones previstas al menos dos veces al año.

Su conformación representa un paso esperado desde hace años por los sindicatos municipales, que consideran al organismo una herramienta fundamental para fortalecer el diálogo institucional y avanzar en mejores condiciones laborales para los trabajadores del sector.

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