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Con aval de la Corte la Fesimubo reclama una mesa de diálogo para avanzar con la reglamentación de la ley de paritarias municipales

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La Corte Suprema de Justicia bonaerense declaró inconstitucionales 23 de los 24 artículos del decreto reglamentario de la Ley de Paritarias Municipales firmado por la gobernadora en 2016. Ahora desde la Federación que conduce Rubén “Cholo” García reclaman la convocatoria a debatir una nueva reglamentación de la normativa que habilita la Negociación Colectiva para el sector.

Desde la Fesimubo valoraron como “trascendente” el fallo de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense que declara la inconstitucionalidad de 23 de los 24 artículos que contiene el decreto reglamentario de la ley 14656 de Negociación Colectiva para los municipales firmado durante los primeros meses de su gestión en 2016.

De este modo el supremo tribunal hizo lugar a la medida cautelar presentada por la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses de nulidad del Decreto 784/16 al considerar que “modificaba el espíritu de la ley”. La Corte declaró “verosímil” el reclamo de los gremios y ahora la administración provincial deberá dictar una nueva reglamentación a la normativa sancionada a fines de 2015 luego de más de 20 años de gestiones por parte de la Federación para que llegue a la Legislatura.

En tanto, desde la Federación dieron a conocer los puntos más significativos del fallo: “Traslados que afecten la unidad familiar, que la estabilidad solo se pierde por las causas determinadas taxativamente en la ley 14656, que el Salario Mínimo Vital y Móvil sólo podrá ser adecuado a la jornada laboral del municipio, las normas que garantizan el debido proceso en los sumarios administrativos, el respeto a la Ley 23551 de Personería Gremial y el goce de la pasividad anticipada” entre otros.

Asimismo, el Tribunal sostiene que “los preceptos legales alcanzados por el decreto objetado refieren a componentes propios del poder normativo municipal, o bien, el cometido de las negociaciones colectivas”. Además, señala que tal reglamentación “exhibe a prima facie la inviabilidad constitucional que las priva de la presunción de validez”, en tanto describe que hubo un “exceso reglamentario” que “puede condicionar o afectar de modo no autorizado el poder de negociación colectiva de las entidades gremiales”.

“La ley es constitucional y la Justicia nos dio la razón, dijo García tras conocerse el fallo en la última instancia sobre la ley de paritarias que ya se encentra en plena vigencia. En esa línea cabe mencionar que el decreto concedía un plazo de 90 días para firmar los Convenios Colectivos de Trabajo. El mismo no se cumplió y a dos años de la sanción de la normativa solo se firmaron CCT en 54 de los 135 distritos que tiene la provincia, dando cuenta a su vez de la reticencia de la mayoría de los intendentes de aplicar la normativa que vino a resarcir una serie de derechos para los trabajadores del sector que habían quedado relegados con la ya derogada ley 11757, conocida entre los municipales como la “ley de flexibilización”.

En este sentido, cabe agregar que la Fesimubo viene de denunciar al Tribunal de Cuentas de la provincia por intervenir en la autonomía de los municipios que se prestan a cumplir con la ley y firmar los Convenios Colectivos de Trabajo. “No desconocemos las facultades del organismo, pero denunciamos que se extralimita cuando cercena el derecho a la libre negociación entre los trabajadores municipales y sus empleadores, los municipios”, expresaron a través de una solicitada difundida en el mes de mayo.

Ahora desde Fesimubo esperan que el gobierno provincial los convoque a dialogar, para generar la reglamentación final de la ley, que incluye la creación de un consejo provincial que analice el salario de los municipales y un Convenio Colectivo de Trabajo para cada municipio.

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Nación fijó en 500 mil el Salario Mínimo Docente, 100 mil pesos menos que lo que paga Provincia

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Salario Mínimo Docente

El Gobierno nacional fijó el nuevo salario mínimo docente en 500.000 pesos a partir de febrero, de manera unilateral al no contar con el acuerdo de los gremios, mediante la Resolución 381/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La decisión, impulsada por la Secretaría de Educación, se tomó tras el fracaso de las negociaciones con los sindicatos en la Comisión Negociadora del Convenio Marco, que se reunió a mediados de febrero para discutir el aumento propuesto por la asamblea del Consejo Federal de Educación.

El texto oficial señaló que “las partes fijaron sus posiciones y, luego de un extenso intercambio de opiniones, no se pudo alcanzar un acuerdo sobre el monto del salario mínimo de los trabajadores docentes”.

En este contexto, la normativa determinó que el salario mínimo docente para el cargo testigo de maestro de grado común, jornada simple y sin antigüedad, o su equivalente en horas cátedra, será de $500.000 a partir del 1 de febrero de 2025.

Cabe señalar que en la Provincia de Buenos Aires, el último acuerdo de la paritaria docente fijo el salario del maestro de grado común, jornada simple y sin antigüedad en 591.763 pesos en febrero y 602.998 pesos a partir de marzo.

Este aumento representa un incremento del 19% con respecto al valor anterior de $420.000, fijado en agosto del año pasado, también en desacuerdo con la postura gremial. Este incremento queda por debajo de la inflación del período.

Además, se estableció que este nuevo sueldo mínimo será el importe de referencia para las transferencias a las provincias que forman parte del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, creado por el artículo 9º de la Ley Nº 26.075.

El Gobierno justificó la convalidación del piso salarial señalando que responde a la necesidad de garantizar que ningún docente perciba una remuneración inferior a la establecida, en consonancia con la decisión política del Consejo Federal de Educación y el Ejecutivo.

La mesa de negociación estuvo integrada por los gremios de la Asociación del Magisterio De Enseñanza Técnica (AMET), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) y la Unión Docentes Argentinos (UDA). Por parte del Ejecutivo, participaron la Secretaría de Educación, la de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, así como el Consejo Federal de Educación y su Comité Ejecutivo.

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Provincia dictó la conciliación obligatoria por los despidos masivos en Cerro Negro

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cerro negro despidos

El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria en el marco del conflicto en Cerro Negro luego del despido masivo que afecta a 96 trabajadores ceramistas.

Esta medida retrotrae la actuación de la empresa perteneciente al holding Sociedad Comercial del Plata que este miércoles por la mañana paralizó definitivamente la línea de pisos de la planta ubicada en Olavarría y despidió a 96 trabajadores.

Durante los 15 días que durará la conciliación se buscarán soluciones. En ese plazo, el sindicato debe cesar todas las medidas de fuerza y la empresa debe revertir los despido.

El secretario General del Sindicato de Obreros Ceramistas de Olavarría (SOECO), Gustavo Bustamante, dijo que la decisión fue «sorpresiva» y apuntó: “Nosotros pensamos que podíamos tener alguna alternativa, sentarnos con la empresa. Siempre fuimos responsables, no somos unos loquitos, entendemos la situación, sabemos que hay una caída del despacho muy grande y la apertura de las importaciones también fue un golpe muy duro”.

“No vamos a dejar de trabajar para que esto se pueda resolver y que esto sea lo menos doloroso posible”, agregó el dirigente sindical.

Bustamante lamentó que haya gente que “festeje que otro se quede sin laburo”, y también cargó contra los empresarios que “apoyaron a este gobierno y después lo terminan pagando los trabajadores”.

Al enviar los telegramas de despidos, la empresa justificó la medida por la “evidente contracción de la actividad económica existente en el sector de la construcción que ha ocasionado una muy importante caída en las ventas de los materiales producidos por la compañía y con ello profundas pérdidas a lo largo del 2024 y que se profundizaron en lo que va del 2025”.

Foto: fuentecolgante.com.ar

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Alejandro Salcedo de UDOCBA: “Se está llegando a un consenso en la CGT sobre la necesidad de un plan de lucha”

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Alejandro Salcedo UDOCBA

El secretario General de UDOCBA, Alejandro Salcedo, habló con Todo Provincial RADIO sobre el Paro General de la CGT del próximo 10 de abril y aseguró que el movimiento sindical se encuentra “organizando el reclamo del pueblo”.

“Seguimos reclamando la restitución de fondos educativos eliminados por Nación en la provincia de Buenos Aires y todo el país”, aseguró el titular de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires y demandó: “Se debe terminar el ajuste contra el pueblo argentino”.

Alejandro Salcedo aseguró que este gobierno tiene “legitimidad electoral”, pero considero que “la población votó a este gobierno con una expectativa que se frustró rápidamente para un sector muy importante”.

Sobre el rol del movimiento sindical, el dirigente apuntó: “Este momento nos encuentra organizando el reclamo del pueblo en su conjunto porque la clase trabajadora es la inmensa mayoría de los argentinos”.

“Acompañamos todas las medidas impulsadas por la CGT y lo seguiremos haciendo porque debemos reclamar por mejores salarios y condiciones laborales para los docentes y para todos los trabajadores”, expresó Salcedo.

Y sentenció: “Se tiene que terminar el ajuste, los trabajadores no podemos seguir perdiendo para el pago de la deuda externa que es lo más importante del presupuesto nacional”.

“Necesitamos una CGT lo más unida posible y con reclamos claros en favor de la industrialización porque este gobierno busca la repramización nuestra economía, lo que implica trabajo más precario y menor valor agregado”, aseguró el titular de UDOCBA.

Salcedo destacó la importancia del Paro General convocado para el próximo 8 de abril y consideró que “es momento de avanzar con un plan de lucha para enfrentar las políticas del gobierno nacional”.

En ese sentido, consideró: “No es fácil unificar el reclamo en acciones concretas pero creo que se está llegando a un consenso de la necesidad de un plan de lucha en la CGT que fue la primera organización en enfrentar al gobierno porque hay amenaza de más ajuste”.

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