La Cámara de Apelaciones de Mar del Plata revocó el fallo que suspendía la ley de aborto legal

julio 1, 2021 | Quinta Sección, Tapa

Los jueces de segunda instancia dieron por tierra la medida cautelar que había dispuesto el juez Alfredo Eugenio López, suspendido la aplicación de la Ley N°27.610 de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. 

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, integrada por los jueces Alejandro Osvaldo Tazza y Eduardo Pablo Jiménez, criticó la razonabilidad de la argumentación llevada a cabo por el juez López, por cometer “un grueso error judicial” y resolver de forma contraria a la ley y a la aplicación del derecho.

El voto del juez Eduardo Pablo Jiménez señaló que todo análisis de la Constitución y su confrontación con los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y otras personas gestantes debe necesariamente realizarse desde una “perspectiva de género”, a fin de identificar los obstáculos que el sistema jurídico impone a éstas para el ejercicio de sus derechos.

Con cita a los casos “Campo Algodonero vs. México” y “I.V. vs. Bolivia” de la Corte Interamericana, Jiménez refirió que los jueces y juezas no deben imponer “patrones de virtud o abnegación personal, sino garantizar que las personas (hombres o mujeres) elijan libremente sus proyectos de vida”.

Además, advirtió que López “no debió haber habilitado la presente instancia judicial, debido a que no existió aquí ‘caso’ o ‘causa’, ni mucho menos, otorgar luego de ello, la legitimación para obrar pretendida por la amparista”.

Y apuntó que el juez de primera instancia debió advertir que “el sistema federal argentino no prevé el cuestionamiento directo, por parte de un ciudadano, de la constitucionalidad de una norma ‘en abstracto’ y mucho menos, con efecto ‘erga omnes’”. Por ello –sostuvo- no alcanza la “defensa de la legalidad constitucional” para motivar la intervención de la justicia federal.

Jiménez fue muy crítico con el juez López a quien le recomendó que “guarde la mesura y adecuado criterio interpretativo al resolver causas judiciales con repercusión social, evitando incurrir en yerros groseros como el advertido en la resolución que hoy se revoca, evitando así la generación de innecesarios dispendios jurisdiccionales”.

Por su parte, el juez Alejandro Osvaldo Tazza recalcó que la existencia de una controversia o causa debe ser examinada con mayor rigor cuando se debata la inconstitucionalidad de un acto emanado de otro poder del Estado.

De esta manera, refirió que la decisión tomada por el juez de primera instancia traspasó “la delicada misión de la justicia”, que es mantenerse dentro la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones que incumben a otros poderes.

Finalmente, este magistrado señaló que “el Poder Judicial no puede constituirse en un revisor autónomo e independiente del mérito, oportunidad o conveniencia de un acto político como lo es el dictado de una ley por parte del Congreso Nacional”, sin que exista un caso contencioso donde se demuestre un perjuicio concreto y una legitimación activa para reclamarlo.

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