En el marco del Seminario de Infraestructura Regional «¿Qué Argentina queremos ser?, que se realiza en el CCK, expertos analizaron las necesidades en materia de obras en el país con el objetivo de encarar construcciones sustentables. Guillermo Pesce, jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, destacó que ya existen acuerdos con 16 provincias y 200 municipios para llevar adelante este tejido organizativo que establezca “una política de Estado para la vivienda”.

“Hoy tenemos una falta de viviendas de casi 3,5 millones y deberíamos seguramente ajustar una política que nos llevaría unos 20 años para completarla”, agregó.

Según los números presentados, el 94% de la población argentina es urbana, por lo que es necesario comenzar a trabajar en energías renovables y sustentables en forma urgente, sostuvo.

Otro problema estructural que se planteó fue la existencia de ciudades denominadas “Mediterráneas”, que no pueden crecer sino reciclarse, como Buenos Aires, Avellaneda o Lomas, entre otras.

“Aquí el tema del suelo es complicado. Como los terrenos son privados, nuestra propuesta es sentarnos con los municipios para estructurar una red de contención legal, porque seguramente tendremos que accionar con expropiaciones para construir ciudad y tejido urbano, fundamentalmente en los sectores urbanos”, aseguró Pesce.

A través del Programa “Casa Propia”, busca erradicar las viviendas vulnerables, donde ya se entregaron más de 100 viviendas en el caso de la Provincia de Buenos y otras regiones, donde se sumó tecnología nueva como es la energía solar, señaló.

“El gobierno ya entregó 3.275 viviendas con esta tecnología, con paneles en una prueba piloto que ha dado interesantes resultados que se le sumó otras propuestas sustentables como es el tratamiento de aguas grises para riego”, agregó Pesce.

Asimismo, señaló que, en las zonas rurales, donde se suman nuevos suelos con las viviendas, estos cambian su valor original porque se convierten en una zona residencial.

“Allí tiene que haber una compensación del privado de un 10% que pasa a un fondo para nuevas viviendas de sistema social”, explicó en referencia a la Ley de Plusvalía Urbana.

Además, destacó el importante valor del Programa Procrear, que ya entregó 20 mil viviendas en esta gestión y que apunta a la clase social media y trabajadora, y se paga en 30 años y así el inquilino pasa a ser propietario.

“Con nuestra gestión en 2021 desarrollamos una política de crédito individual con el 95% de adelanto que no existe en el mundo. Cada vivienda en 6 meses teníamos mudada la familia con el aporte del Estado entregamos más de 73.500 créditos. Hicimos mucho, faltó mucho más y necesitaríamos una gestión más para cerrar el ciclo. Eso debería ser otra política de Estado”, señaló.

Tierra y vivienda: el caso de Brasil

En el caso de Brasil, se señaló que en las últimas décadas se pasó a un complejo proceso de concentración de población con 85% que vive en áreas urbanas, con un preocupante dato de un 20% en casas precarias. Así lo estableció Edésio Fernandes, abogado y urbanista brasileño quien relató que este fuerte impacto también establece que el 1% del territorio del país está poblado.

“Eso se notó mucho en el último gobierno de Bolsonaro. Mucha concentración en las áreas urbanas, en pocas partes de un enorme territorio. El patrón de urbanización es complicado en Brasil, ya que hay 15 millones de hogares con dificultades y el 8% de la población vive en Favela y el 50% de las Favelas se ubica en tres ciudades, como Río, San Pablo y Belén, es un patrón de desigualdades extremas”, planteó Fernandes.

Otra crisis que se destacó es la existencia de un “modelo perverso en Brasil”, ya que el último censo destacó que hay 6 millones de viviendas vacías de propiedad pública o privada.

A esto se suma la imposibilidad de saber cuánta población hay en las favelas, porque en Brasil “la informalidad es una regla”.

En este escenario, Fernandes señaló que la Constitución de 1988 tomó conciencia de reformas urbanas, y “como resultado tenemos 4 ejes la función social y una de ellas es el poder municipal de expropiación”.

Sobre este aspecto, en la década siguiente hubo muchas acciones de grupos conservadores, que hicieron presentaciones a la justicia para que se declarara la ley anticonstitucional.

En tanto, en el 2000 se estableció una enmienda donde se buscó una regularización de los asentamientos que formuló también el derecho a la vivienda.

“No hay derecho de propiedad sino `derecho a la propiedad`, y tiene que cumplir una función social”, puntualizó el urbanista brasileño y continuó: “Ahora hay un nuevo paradigma de urbanización del país con una Ley nacional que reconoce derechos de ciudades sostenibles, determina qué zonas vacías deben usarse para viviendas sociales. Sin embargo, con el gobierno anterior hubo pocos planes de desarrollo”.

Asimismo, estableció que en la actualidad existen “disputas muy fuertes. No existe una articulación de políticas ambientales entre Estados y gobiernos municipales, producto de cierto vuelco a la derecha de gobiernos locales que defienden más el derecho individual que el colectivo”.

A su turno, el arquitecto y especialista en planificación urbana Eduardo Reese hizo foco en la importancia de desarrollar planes y proyectos, y del compromiso del desarrollo con derechos colectivos.

“Tenemos que defender la cultura del plan, como fue por ejemplo el plan quinquenal y asumir acciones comprometidas con derechos de igualdad y los humanos. En el tiempo, los funcionarios, no seremos juzgados por cuántas viviendas hicimos sino por las políticas de igualdad que aplicamos”, dijo Reese.

En ese sentido, planteó que la “urbanización es una función pública” y agregó que en la Argentina se vive en una “sociedad desigual y un hecho estructural que se debe cambiar”.

“La desigualdad y precariedad en Argentina se debe al funcionamiento especulativo del mercado inmobiliario y la debilidad de las políticas públicas”, ejemplifica.

“Esto es un conflicto que tenemos que afrontar. La función del Estado es de trabajar sobre el conflicto”, señaló.

Reese también destacó la necesidad de desarrollar un proyecto territorial como herramienta de cambio, donde las políticas tengan perspectiva de derechos, concepción integral y gestión del Estado coordinada, y redistribución de la renta del suelo generadas por la acción pública.