Lo adelantó a Todo Provincial el secretario gremial de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), Heber Ríos. Aunque la medida todavía no tiene fecha, el sindicato ya resolvió iniciar un paro nacional por tiempo indeterminado en caso de que los dueños de Lácteos Vidal no cumplan con lo resuelto por la justicia.
El 10 de noviembre se cumplirán 3 meses del inicio de la huelga de los trabajadores de Lácteos Vidal en la pequeña localidad de Moctezuma, partido de Carlos Casares. Lejos de negociar, la empresa despidió a los huelguistas y se niega a cumplir con una medida cautelar prohibiendo los cesanteos dictada por el Juzgado Nacional de 1ra Instancia del Trabajo N°69.

En diálogo con Todo Provincial, Heber Ríos de ATILRA explicó: «El conflicto está supeditado a lo que pueda dictar el juez de manera definitiva. Ya hay una cautelar favorable para los trabajadores que determina que la huelga es una medida legal en el marco de un derecho constitucional. Por otra parte le impide realizar despidos y tomar nuevos trabajadores para suplantar a los huelguistas».
«La empresa sigue en falta, sin cumplir con la cautelar. Presentaron una apelación y el juez determinó que por el momento no le cobraría una multa porque acusaban que fueron notificados de la medida cautelar 4 días después de que efectuaron los despidos», señaló el dirigente gremial y adelantó: «De todos modos nosotros presentamos un escrito en el que advertimos que 4 días después de haber mandado los telegramas de despido, enviaron nuevamente cartas documentos ratificando los despidos».
Los trabajadores reclaman recategorizaciones y el cumplimiento del convenio colectivo. Desde el gremio consideran que la actitud tomada por la familia Bada Vázquez «trasciende la cuestión económica» y que se está jugando una puja política ya que detrás de Lácteos Vidal se encolumno el «Movimiento Empresarial Anti Bloqueos» referenciado con Patricia Bullrich.

«Esto es un mal ejemplo para los argentinos que cumplen las leyes. Hay un dictamen de la justicia laboral y tanto el Ministerio de Trabajo nacional como el de la provincia corroboraron que todo lo que viene denunciando la organización sindical es cierto y que es un reclamo justo por recategorizaciones y la registración irregular de trabajadores que están por fuera de convenio con salarios mucho más bajos», expresó el dirigente de ATILRA.
Héber Ríos señaló que ahora están intentado contactar a la nueva ministra de Trabajo nacional, Raquel «Kelly» Olmos. «Moroni nos defraudó porque lo único que hizo fue una convocatoria a conciliación obligatoria y luego diciéndonos que no podían exigir a una de las partes a regularizar la situación», aseguró el dirigente sindical y reflexionó: «La verdad que si no lo puede hacer el Ministerio de Trabajo dónde debemos recurrir».
ATILRA ya definió un paro nacional por tiempo indeterminado
«Hace 3 meses que los compañeros están en huelga y aunque están firmes se están desangrando por dentro. Nosotros estamos cumpliendo todas las instancias pero la paciencia se agota«, advirtió el dirigente sindical.
Y agregó: «Somos muy concientes de la situación que atraviesa nuestro país. Sabemos que los trabajadores de nuestra actividad se dedican a recibir, procesar y elaborar un producto de primera necesidad pero la determinación es avanzar con una medida de acción directa que será un paro nacional».

En esa línea, continuó: «Sabemos lo que significa esa medida, que nos van a estigmatizar y nos van a demonizar pero nosotros hace 3 meses que venimos reclamando. Después no quiero que empiecen los llamados desde el Ministerio de Trabajo para intetar levantar una medida cuando el país se quede sin leche«.
«Esto no es una amenaza, hace 3 meses que tenemos toda la paciencia pero tenemos más de 30 familias despedidas injustamente por ejercer el derecho a huelga, mientras el sector empresario muestra que puede hacer lo que quiera. Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados«, remarcó Ríos.
El dirigente de ATILRA expresó su deseo por prontas soluciones y exigió un accionar más firma de la justicia para hacer «recapacitar el sector empresario».
«El Ministerio de Trabajo dice que no puede hacer nada, pero si nosotros no hubieramos cumplido la conciliación obligatoria nos hubieran multado, hubieran buscado sacarnos la personería gremial o intervenirnos. Bueno que hagan eso mismo con el sector patronal que hace oídos sordos a la justicia», concluyó.