Gremios
«Se nos agota la paciencia»: ATILRA definió un paro nacional por tiempo indeterminado por el conflicto en Lácteos Vidal
Lo adelantó a Todo Provincial el secretario gremial de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), Heber Ríos. Aunque la medida todavía no tiene fecha, el sindicato ya resolvió iniciar un paro nacional por tiempo indeterminado en caso de que los dueños de Lácteos Vidal no cumplan con lo resuelto por la justicia.
El 10 de noviembre se cumplirán 3 meses del inicio de la huelga de los trabajadores de Lácteos Vidal en la pequeña localidad de Moctezuma, partido de Carlos Casares. Lejos de negociar, la empresa despidió a los huelguistas y se niega a cumplir con una medida cautelar prohibiendo los cesanteos dictada por el Juzgado Nacional de 1ra Instancia del Trabajo N°69.
En diálogo con Todo Provincial, Heber Ríos de ATILRA explicó: «El conflicto está supeditado a lo que pueda dictar el juez de manera definitiva. Ya hay una cautelar favorable para los trabajadores que determina que la huelga es una medida legal en el marco de un derecho constitucional. Por otra parte le impide realizar despidos y tomar nuevos trabajadores para suplantar a los huelguistas».
«La empresa sigue en falta, sin cumplir con la cautelar. Presentaron una apelación y el juez determinó que por el momento no le cobraría una multa porque acusaban que fueron notificados de la medida cautelar 4 días después de que efectuaron los despidos», señaló el dirigente gremial y adelantó: «De todos modos nosotros presentamos un escrito en el que advertimos que 4 días después de haber mandado los telegramas de despido, enviaron nuevamente cartas documentos ratificando los despidos».
Los trabajadores reclaman recategorizaciones y el cumplimiento del convenio colectivo. Desde el gremio consideran que la actitud tomada por la familia Bada Vázquez «trasciende la cuestión económica» y que se está jugando una puja política ya que detrás de Lácteos Vidal se encolumno el «Movimiento Empresarial Anti Bloqueos» referenciado con Patricia Bullrich.
«Esto es un mal ejemplo para los argentinos que cumplen las leyes. Hay un dictamen de la justicia laboral y tanto el Ministerio de Trabajo nacional como el de la provincia corroboraron que todo lo que viene denunciando la organización sindical es cierto y que es un reclamo justo por recategorizaciones y la registración irregular de trabajadores que están por fuera de convenio con salarios mucho más bajos», expresó el dirigente de ATILRA.
Héber Ríos señaló que ahora están intentado contactar a la nueva ministra de Trabajo nacional, Raquel «Kelly» Olmos. «Moroni nos defraudó porque lo único que hizo fue una convocatoria a conciliación obligatoria y luego diciéndonos que no podían exigir a una de las partes a regularizar la situación», aseguró el dirigente sindical y reflexionó: «La verdad que si no lo puede hacer el Ministerio de Trabajo dónde debemos recurrir».
ATILRA ya definió un paro nacional por tiempo indeterminado
«Hace 3 meses que los compañeros están en huelga y aunque están firmes se están desangrando por dentro. Nosotros estamos cumpliendo todas las instancias pero la paciencia se agota«, advirtió el dirigente sindical.
Y agregó: «Somos muy concientes de la situación que atraviesa nuestro país. Sabemos que los trabajadores de nuestra actividad se dedican a recibir, procesar y elaborar un producto de primera necesidad pero la determinación es avanzar con una medida de acción directa que será un paro nacional».
En esa línea, continuó: «Sabemos lo que significa esa medida, que nos van a estigmatizar y nos van a demonizar pero nosotros hace 3 meses que venimos reclamando. Después no quiero que empiecen los llamados desde el Ministerio de Trabajo para intetar levantar una medida cuando el país se quede sin leche«.
«Esto no es una amenaza, hace 3 meses que tenemos toda la paciencia pero tenemos más de 30 familias despedidas injustamente por ejercer el derecho a huelga, mientras el sector empresario muestra que puede hacer lo que quiera. Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados«, remarcó Ríos.
El dirigente de ATILRA expresó su deseo por prontas soluciones y exigió un accionar más firma de la justicia para hacer «recapacitar el sector empresario».
«El Ministerio de Trabajo dice que no puede hacer nada, pero si nosotros no hubieramos cumplido la conciliación obligatoria nos hubieran multado, hubieran buscado sacarnos la personería gremial o intervenirnos. Bueno que hagan eso mismo con el sector patronal que hace oídos sordos a la justicia», concluyó.
La crisis desatada en la planta de Cargill de Arribeños, partido de General Arenales, podría escalar a nivel provincial. El Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina (SIUNFLETRA) anunció que profundizará las medidas gremiales y convocará a asambleas permanentes en todos los puertos de la provincia de Buenos Aires, luego de que la empresa decidiera reanudar sus operaciones sin resolver el conflicto que ya supera los 63 días.
La decisión del gremio se conoció tras la reciente intervención de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC) por parte de la Inspección General de Justicia (IGJ), que desplazó a toda su comisión directiva y designó un nuevo interventor.
Desde el sindicato señalaron que la conducción desplazada de la CATAC, encabezada por Ramón Jatip y Sergio Larovere, mantenía una relación directa con la Unión de Transportistas de Arribeños (UTA), organización señalada por los camioneros en el origen del conflicto.
«Ante la inminente reanudación de las actividades de la planta Cargill de Arribeños, donde se originó el conflicto que lleva 63 días, este sindicato intensificará las medidas gremiales de acción directa, que se traducirán en asambleas permanentes en la totalidad de los puertos de la provincia de Buenos Aires«, advirtió la organización en un comunicado.
El gremio aseguró que las medidas se mantendrán hasta que las nuevas autoridades de la CATAC convoquen a una mesa de diálogo que permita encontrar una solución definitiva.
Un conflicto que comenzó por presuntas comisiones ilegales
La disputa comenzó a principios de julio cuando un grupo de aproximadamente 30 fleteros independientes denunció el supuesto cobro de una comisión del 3% en negro para acceder a los viajes de carga desde la planta de Cargill.
Según los transportistas, la operatoria estaba vinculada a un intermediario que no prestaba un servicio efectivo y exigía ese porcentaje sobre cada flete.
Tras realizar las denuncias, los camioneros sostienen que fueron desplazados de la operatoria y reemplazados por otros transportistas.
Desde la conducción nacional de la CATAC siempre rechazaron esas acusaciones y aseguraron que los fleteros abandonaron voluntariamente el sistema de trabajo.
La intervención de CATAC suma tensión
La reciente resolución de la IGJ, que intervino la CATAC y removió a su conducción, reavivó el conflicto.
Para el Sindicato de Fleteros, la decisión del organismo nacional refuerza la necesidad de revisar lo ocurrido en Arribeños y avanzar en una instancia de negociación antes de que Cargill normalice completamente su actividad.
Mientras tanto, la empresa anunció que retomará las operaciones de la planta, aunque el conflicto con los transportistas continúa sin resolverse.
Si las medidas gremiales se concretan, el conflicto podría dejar de afectar únicamente a General Arenales y extenderse a la actividad portuaria de toda la provincia de Buenos Aires.
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