Abramovich de la AJB: “La intensión política es que los juicios laborales duren más, perjudicando al trabajador”

La nueva ley de procedimiento laboral elimina los Tribunales del Trabajo y crea un sistema de doble instancia similar al existente en la Justicia Nacional del Trabajo. Este sistema no sólo no resolverá los problemas que actualmente presenta el fuero del trabajo, sino que previsiblemente los agravará, extendiendo el plazo de resolución de los litigios. Como consecuencia de ello, la posibilidad de reclamar judicialmente por la violación de derechos laborales será cada vez más difícil para los trabajadores y las trabajadoras de la provincia. Pablo Abramovich comentó a TODO PROVINCIAL que “Como no se van a crear todas las cámaras que dice la ley, ya lo vivimos, vamos a tener 1 o 2 jueces con 2 o 3 personas y los juicios en vez de tardar 6 años, van a tardar 9 años”.

Desde hace muchos años el funcionamiento del fuero laboral presenta serios problemas: procesos que se prolongan durante años, falta de integración de los tribunales por la demora en la designación de jueces, vacantes en la planta administrativa y de funcionarixs cuya cobertura se posterga indefinidamente, infraestructura obsoleta y deficiente, e imposibilidad de las asesorías periciales y del sistema público de salud en general para responder adecuadamente a las demandas que surgen de los reclamos laborales en trámite ante los Tribunales de Trabajo. A esto deben sumarse los serios inconvenientes que trajo una digitalización mal planificada y peor ejecutada.

En dialogo exclusivo con TODO PROVINCIAL, el secretario General de la Asociación Judicial Bonaerense, Pablo Abramovich expresó “El problema de fondo es que se crea las cámaras sin garantizar cual va a ser la cantidad de personal ni la inversión en infraestructura. Teniendo en cuenta que es un poder judicial donde se vienen creando por ley dependencias que nunca se ponen en funcionamiento”.

“La ley prevé una plazo de implementación de 2 años”, sostuvo el gremialista.

Estos problemas se agravan ante una cantidad creciente de reclamos laborales, que han pasado de alrededor de 46.218 causas en 2007 a un máximo de 91.215 en 2017, sin que este aumento haya sido acompañado por la asignación de mayores recursos por parte del Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de la Provincia (frente a un incremento del 97% en el ingreso de causas, el aumento de personal en el fuero sólo alcanzó el 24% en el período mencionado).

Sobre la situación actual de la justicia, Abramovich fue muy crítico “Hay decenas de juzgados y dependencias que no se ponen en funcionamiento por falta de presupuesto”.

“La corte presentó un listado donde dice que para poner en funcionamiento una serie de dependencias necesitan 680 personas, mientras desde el ejecutivo informaron que en el próximo presupuesto habrá 0 cargos para el poder judicial. Por ende los organismos no se van poder crear”, reflexionó el titular de la AJB a TODO PROVINCIAL.

En ese mismo sentido, Pablo Abramovich argumentó que “Como no se van a crear todas las cámaras que dice la ley, ya lo vivimos, vamos a tener 1 o 2 jueces con 2 o 3 personas y los juicios en vez de tardar 6 años, van a tardar 9 años”.

Lamentablemente, la reforma aprobada por la Legislatura estará lejos de resolver estas cuestiones. En primer lugar, porque su tratamiento no fue precedido de un diagnóstico acerca de las causas de los problemas que actualmente enfrenta el fuero laboral, cuya resolución está más vinculada a decisiones del Poder Ejecutivo y de la Suprema Corte de Justicia que a obstáculos derivados del procedimiento laboral, aun cuando éste siempre pueda ser perfectible.

En segundo lugar, porque la creación de un sistema de doble instancia, si no va acompañada de un incremento sustancial del presupuesto asignado al fuero, no hará más que empeorar la situación actual. Los problemas de los tribunales colegiados se trasladarán a los juzgados unipersonales y a las cámaras de apelaciones, duplicando trámites e instancias. En este contexto, los plazos procesales que se establecen en el texto de ley serán materialmente incumplibles en la práctica y el incentivo para arribar a un acuerdo conciliatorio será cada vez mayor para los trabajadores y las trabajadoras, situación que implicará una renuncia parcial a sus derechos.

También explicó que “Hay dos intensiones políticas, una demostrarle a la sociedad que se está haciendo algo con el sistema judicial para mejorarlo, estrategia electoral, cuando en realidad no se está haciendo nada o empeorando; y la otra intensión es que los juicios laborales duren más, porque cuando un juicio laboral dura más, el abogado le recomienda al trabajador que arregle por la mitad o por un cuarto de la plata”.

“Entonces vamos a tener empresas que van a echar gente, sabiendo que le van a pagar un 20% o 30% de lo que corresponde o sino van a estar 9 o 10 años en proceso judicial”, concluyó a TODO PROVINCIAL Abramovich.

Cabe destacar que el proyecto original era aún más regresivo, en tanto directamente habilitaba que las sentencias laborales fueran revisadas, en segunda instancia, por las Cámaras de Apelación Civil y Comercial hasta tanto se pusieran en funcionamiento las Cámaras del Trabajo, lo que presumiblemente demoraría años. Dicha solución desnaturalizaba por completo la especialización que requieren los reclamos por violaciones al derecho del trabajo. Este aspecto fue duramente cuestionado desde la Asociación Judicial Bonaerense en conjunto con la Asociación de Abogados Laboralistas -criterio también compartido por el Colegio de Magistrados-, y fue dejado de lado en el proyecto aprobado por la Legislatura.

Finalmente, el nuevo procedimiento, tal como está planteado, también impactará negativamente sobre la situación y derechos de los trabajadores y las trabajadoras judiciales que prestan tareas en el fuero laboral, que enfrentarán una sobrecarga de trabajo con recursos manifiestamente insuficientes. En este sentido, desde la Asociación Judicial Bonaerense volvemos a señalar que es necesario impulsar acciones urgentes para mejorar el funcionamiento del fuero laboral, comenzando por garantizar los niveles básicos en materia de infraestructura y cantidad de personal y de organismos.

El nuevo sistema, en las actuales condiciones, no sólo no aborda estos problemas sino que tiende a agravarlos, haciendo aún más difícil el ejercicio de los derechos laborales para los trabajadores y las trabajadoras de la provincia.